El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete decidió absolver a 14 comuneros que estaban acusados de "incendio terrorista" y condenar solo a 4 de ellos por el ataque al fiscal Mario Elgueta el año 2008, descartando sin embargo su carácter de "terrorista". Un duro revés para la Fiscalía del Ministerio Público, que buscaba largas condenas contra los imputados.
Como un verdadero triunfo celebraron los comuneros mapuches reunidos en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete el fallo leído esta tarde por los magistrados. Razones tenían para festejar. Tras dos años en prisión preventiva y tres meses de juicio oral, el Tribunal decidió absolver a los 14 comuneros mapuche que estaban acusados de "incendio terrorista" por la Fiscalía. El presidente del Tribunal señaló que si bien hay convicción de que los hechos descritos por el Ministerio Público revisten carácter terrorista, no se pudo acreditar que las personas imputadas tuvieran relación con los hechos.
En el mismo veredicto, los jueces dieron a conocer su sentencia condenatoria contra los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez por el delito de "Atentado a la Autoridad", ello por su participación en un enfrentamiento con la comitiva policial del fiscal Mario Elgueta, hecho ocurrido en octubre del 2008 en el sector de Puerto Choque tras un violento ingreso de la autoridad judicial a territorio mapuche. Jueces también descartaron carácter "terrorista" de esta acusación.
Los comuneros también fueron encontrados culpables del delito de "Robo con Intimidación", ello en contra del testigo protegido de la Fiscalía y ex colaborador de la dictadura militar en la zona de Arauco, Santos Jorquera. Tribunal absolvió de cargos al resto de los imputados en todas estas acusaciones, incluida las de "asociación ilícita terrorista" y "asociación ilícita para el robo de madera", dos de las más graves y donde la Fiscalía del Ministerio Público cifraba esperanzas de obtener largas condenas de prisión.
El veredicto determinó que 13 comuneros mapuche quedaran en libertad inmediata. Carlos Muñoz, uno de los comuneros que recuperó su libertad tras dos años de encierro, declaró a Radio Digital FM, que "la Fiscalía no tenía las pruebas suficientes para condenar a nuestros peñis". El comunero fue recibido en las afueras del Tribunal cañetino bajo muestras de total alegría por parte de familiares y público asistente a la lectura del veredicto. Trascendió que el futuro procesal de los 4 comuneros que fueron encontrados culpables se conocerá en audiencia el próximo martes 22 de marzo.
Fallo significa un duro revés para la Fiscalía del Ministerio Público. Por un lado, se absolvió a todos los comuneros que estaban acusados de incendios que afectaron a cabañas y camiones forestales, principalmente en la zona del lago Lleu Lleu, entre los años 2005 al 2008. Todos permanecieron en promedio dos años en prisión preventiva, ello en base al testimonio de "testigos sin rostro" y confesiones obtenidas bajo tortura policial. Tales irregularidades fueron posible debido a la aplicación de la polémica Ley Antiterrorista, según denunció Norberto Parra, absuelto esta tarde por el tribunal.
Por otro lado, los magistrados desecharon el carácter "terrorista" del ataque al fiscal Mario Elgueta, ocurrido en octubre del 2008. El tribunal absolvió a la mayoría de los acusados, dictando sentencia condenatoria solo contra cuatro mapuches, ello por el delito menor de "Atentado a la Autoridad". Para Natividad Llanquileo, vocera de los presos, fallo habría ratificado carácter político del juicio oral. "Los cuatro son líderes de la CAM, por lo que es una persecución política claramente. La situación de los cuatro hermanos condenados la vamos a conversar, los vamos a visitar en la cárcel y veremos cuales son los pasos a seguir. Ha sido un gran costo el que han pagado las familias", señaló.
Cabe destacar que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades. A lo largo del proceso, el Ministerio Público se valió de una gran cantidad de escuchas telefónicas, así como también de una treintena de testigos sin rostro para probar la culpabilidad de los mapuches. El juicio fue seguido además por numerosos observadores internacionales que buscaban resguardar con su presencia en Cañete los derechos de los acusados. Los delitos por los que eran imputados los comuneros eran: asociación ilícita terrorista y asociación ilícita para el robo, incendio terrorista e incendio, robo con intimidación y amenazas terroristas, además de atentado terrorista contra el fiscal Mario Elgueta y el personal de la PDI. La mayoría fueron desechados esta tarde por el tribunal.
El juicio oral que llegó hoy martes a su fin pasó por distintas etapas. Previo a su inicio el mes de noviembre, una treintena de presos políticos mapuches, protagonizó una prolongada huelga de hambre para pedir el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto social mapuche, el término del doble enjuiciamiento en la justicia civil y militar, y el uso de testigos sin rostro en las causas, entre otras demandas. La medida de presión se extendió por 82 días y concitó la atención de la comunidad nacional e internacional. Diversos organismos internacionales solicitaron al gobierno atender debidamente los reclamos de los huelguistas.
Si bien el gobierno aceptó retirar las acusaciones por Ley Antiterrorista, esto solo se concretó el pasado día viernes, al final del proceso, cuando el abogado representante del Gobierno pidió la recalificación de los delitos de terroristas a comunes, conforme a los compromisos adoptados al finalizar la huelga de hambre. Sin embargo, el abogado defensor de los comuneros, Alberto Espinoza, calificó la medida del Gobierno como “insuficiente” y “tardía” porque “de todas maneras se ha acogido la aplicación de la Ley Antiterrorista durante todo el juicio”.
Durante la presente jornada, las autoridades desplegaron cerca de 150 efectivos policiales, tanto de la PDI, como de Carabineros, que custodiaron celosamente la ciudad para evitar manifestaciones públicas. Esto último fue duramente criticado por los familiares de los comuneros mapuche, quienes calificaron el despliegue policial como un acto de “amedrentamiento”.
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