La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó que Chile debe repetir su examen sobre la aplicación del Convenio 169 debido a los nulos avances que registran los informes alternativos elaborados por organizaciones indígenas.
Chile deberá repetir su examen ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante este 2011, ya que la Comisión le solicitó presentar una nueva memoria de avances en la implementación del convenio 169, que responda a todos los informes alternativos presentados por organizaciones indígenas.
El requisito básico de este convenio ratificado por Chile es el derecho a la consulta y participación de los pueblos y la acción sistemática y coordinada de los Gobiernos para implementar las reformas necesarias para el respeto de sus derechos.
A un año de implementado el Convenio y al filo del plazo, nuestro país entregó un informe a la OIT destacando los avances del Gobierno en la materia. Un texto que de inmediato dio paso a la presentación de documentos alternativos que contenían una serie de casos donde las comunidades fueron ignoradas a favor de la instalación de mega proyectos energéticos en territorios ancestrales.
Sergio Millamán, miembro del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del pueblo mapuche, se mostró conforme con las indicaciones de la comisión y criticó el actuar del Gobierno.
“Para nosotros no es ninguna novedad. El reporte que entregó el Estado chileno es patético. Dice que respeta los derechos de los pueblos indígenas basándose en una serie de normativas que han aprobado de forma inconsulta que no se ajustan a ningún parámetro internacional sobre pueblos indígena. El Estado chileno una vez más se pone en vergüenza frente a la comunidad mundial y devela su naturaleza de violador de los derechos de los pueblos originarios”, sentenció el dirigente.
Millamán añadió que Chile tuvo un año para trabajar y no hizo prácticamente nada, al grado que, el mismo informe entregado no fue consultado con las comunidades.
En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Indígenas Urbanos de Calama, Amelia Mamani, aseguró que la falta de consideración de los pueblos en las decisiones se ha convertido en una verdadera política de Estado.
“Como dirigentes hemos trabajado veinte años para que se ratificara ese convenio, pero eso no se está aplicando. Al Gobierno no le interesa. Al final la ayuda, el apoyo y el reconocimiento quisiéramos recibir de nuestros gobernantes no llega, pero sí de un organismo internacional como la OIT”, sostuvo Mamani.
Por su parte, el coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Mariman, afirmó que el incumplimiento a la consulta se ha dado desde la administración de Michelle Bachelet, donde se elaboraban políticas sin reconocimiento de derechos, y añadió que el gobierno de Piñera ha seguido la línea, pero que el enfoque de quienes elaboran las políticas es completamente distinto.
“Las formulaciones que ha hecho el actual Gobierno permiten una cierta continuidad, pero con el agravante de que los personeros que llevan el desarrollo de estas políticas son adversos a la aplicación del convenio y son contrarios a la aplicación de medidas que puedan favorecer a los pueblos indígenas”, denunció Mariman.
Una situación de la que están pendiente las distintas organizaciones sociales y agrupaciones indígenas, ya que estos nuevos antecedentes pueden presionar al Gobierno a implementar, de una vez por todas, las iniciativas necesarias que permitan a Chile salir de la mirada crítica de los organismos internacionales y dar pasos concretos hacia el respeto pleno de los derechos de nuestros pueblos originarios.
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