lunes, 31 de enero de 2011

Comunero mapuche es trasladado desde cárcel de Lebu a hospital de Concepción

Lunes 31 enero 2011 | 21:07 / Fuente : Bio-Bio La Radio

Preocupación existe al interior de las comunidades del sector de Puerto Choque, en la provincia de Arauco, luego que se confirmara que uno de los comuneros que está enfrentando cargos por asociación ilícita para robo de madera y asociación ilícita terrorista fuera trasladado hasta el hospital regional de Concepción.

Según se informó, el comunero Carlos Muñoz Huenuman habría sido trasladado al hospital debido a descompensaciones, específicamente por un cólico vilial, lo que de acuerdo a precisiones médicas es algo normal en personas que han estado sometidas al estrés.

Huenuman fue trasladado desde la cárcel de Lebu al hospital de Coronel, y de ahí, para realizarle varios exámenes fue derivado al hospital regional de Concepción, donde ya se confirmó su ingreso.

El comunero enfrenta un juicio que lleva más de 3 meses en el Tribunal de Cañete.

Nuevo director de Conadi encabezará su primer Consejo Nacional Indígena

Domingo 30 enero 2011 | 13:46  /  Fuente : Radio BioBio

Este lunes el nuevo director de la Conadi, Jorge Retamal, deberá enfrentar su primer Consejo Nacional Indígena, en medio de la polémica por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y las modificaciones en el proceso de elección de los consejeros indígenas.

Jorge Retamal  /  Conadi
Tranquilo y confiado en lograr buenos resultados se mostró el actual director nacional de la Conadi, Jorge Retamal, en el consejo nacional indígena que se realizará este lunes en Santiago y que será el primero tras asumir en este cargo.

Retamal señaló que tiene la mejor disposición para dialogar y solucionar los problemas que aquejan a los pueblos originarios del país.

Hilario Huirilef, consejero mapuche aseguró que el nuevo director de la Conadi, debe solucionar este año al menos 3 ejes: el procedimiento de consulta para el reconocimiento constitucional; la compra de tierras y fortalecer el departamento de desarrollo de la corporación indígena.

En la última mesa de diálogo, el ministro de Planificación, Felipe Kast, anunció la creación de un Consejo de Pueblos, el que reemplazaría a los consejeros indígenas, por supuestas faltas de legitimidad y representación.

La soledad mapuche

Lunes 31 de Enero 2011  /  Por Juan Pablo Cárdenas  /  Fuente : radio.uchile.cl

El país tiene memoria de lo que demoraron meses atrás las autoridades y los medios de comunicación en reaccionar frente a una prolongada huelga de hambre de los presos políticos mapuche en las cárceles del sur. Cuando la protesta llegó a amenazar severamente la vida de los comuneros, es cuando el Gobierno y los grandes medios de prensa se ocuparon del tema y se propusieron evitar un desenlace fatal, bajo la promesa de renunciar a la aplicación de la Ley Antiterrorista invocada por el gobierno de Michelle Bachelet para encauzar a Héctor Llaitul y otros dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Uno de los principales referentes de nuestra etnia principal que por 200 años ha sufrido la discriminación del estado chileno y todos los regímenes republicanos.

Acudiendo a la Iglesia Católica como “garante”, el gobierno de Sebastián Piñera logró que los rebeldes depusieran su huelga de hambre a cambio de conseguir una formalización procesal más benigna para los imputados, valiéndose de la disposición de los huelguistas a enfrentar un juicio que les permitiera demostrar su inocencia frente a los inconsistentes y severos cargos del Ministerio público. Pero lo que apreciamos hasta hoy es que los procesados son víctima de acusaciones infundadas y testigos anónimos que, incluso, han llegado a prestar declaraciones judiciales bajo el apremio de la tortura y el soborno. Es escandaloso que una vez depuesta la Huelga de Hambre, los fiscales se reiteren en los mismos vicios procesales a fin de propinarles a estos dirigentes una condena que , a no dudarlo, tiene objetivos políticos más que penales.

En estos días se llevan a cabo en Cañete las audiencias finales de un proceso espurio que podría traerle a Chile drásticas sanciones internacionales por la forma en que se aplica una legalidad represiva heredada de la Dictadura y que, por lo mismo, viola flagrantemente los fundamentos de un justo proceso. Ante los excesos procesales reconocidos por las propias autoridades políticas, éstas se excusan en la imposibilidad de intervenir frente a la “autonomía” de otro poder del Estado. Con lo que arriesgan que Llaitul y otros líderes mapuche resulten condenados y se reactive un conflicto que puede tener serias consecuencias en la paz de la Araucanía y del país entero. Cuando se sabe que la causa de esta etnia compromete la adhesión de la gran mayoría de los chilenos, además de la solidaridad mundial a favor de que se les restituyan a los indígenas sus tierras arrebatadas, se les reconozca su identidad de minoría étnica y derecho a ciertas formas de autonomía.

Por cierto que los voceros oficiales eluden el tema y los medios adictos hacen caso omiso de lo que acontece en este juicio seguido por un buen número de observadores internacionales y apenas dos o tres medios informativos, como nuestra Radio Universidad de Chile. Tampoco se observa de la entidad “garante” alguna acción para que se cumplan las promesas verbales de La Moneda, las que no quedaron por escrito por un acto de confianza ingenuo de los líderes de la CAM y que hoy puede costarles caro si es que el Tribunal de la causa cede a las presiones de los empresarios de la Araucanía. Verdaderos forajidos empeñados en que el Estado chileno continúe en la senda de defender sus privilegios y despojos, como consolidar un clima de terror en las comunidades donde viven “los más pobres entre los pobres”, según el decir de los obispos católicos. La gran prensa sólo reacciona ante los conatos de violencia que surgen en la Araucanía para estigmatizar, siempre, la lucha de los mapuches por sus derechos humanos conculcados de forma sistemática. Se los acusa de violentistas y criminales a pesar de la imposibilidad de los tribunales de la zona de probar las imputaciones, lo que explica que recurran a falsos testimonios para evitar que los juicios se desbaraten totalmente y caigan en el completo ridículo. Cuando ya la evidencias señalan que las únicas víctimas de estos episodios son los propios comuneros, agredidos criminalmente por la policía como ha quedado de manifiesto en el caso de los mapuches ultimados por la espalda.

Ni el Gobierno cumple su palabra empeñada, ni la Iglesia garante exige – hasta aquí- que ésta se haga efectiva. Todo bajo la complicidad, por cierto, de los grandes medios de prensa y canales de televisión. Sin embargo, los que llegan al desparpajo son los partidos políticos, parlamentarios y otros que, sumidos en sus querellas internas, no tienen tiempo de sensibilizarse frente a la pavorosa injusticia que se urde para silenciar la lucha de los mapuche y condenar a la prisión a quienes no tienen responsabilidad alguna en los delitos que se les imputan. Si es que siquiera constituyen delito aquellas acciones de justa autodefensa contra el acoso policial y la prepotencia de las empresas que se enseñorean en la zona. En otra manifestación evidente de que en más de dos décadas de post dictadura, lo que hemos tenido es un grosero co gobierno de la Concertación y la Alianza por Chile, cebados todos por el régimen institucional y el sistema económico que les legara Pinochet. El autor, precisamente, de la Ley Antiterrorista que a este gobierno y a sus antecesores les sirvió para poner en práctica una nueva “pacificación de la Araucanía”.

domingo, 30 de enero de 2011

El inédito plan del Gobierno para solucionar el conflicto mapuche

El Ejecutivo pretende darle un papel central al Ministerio de Cultura

Los problemas en La Araucanía siempre se han abordado desde una perspectiva política y nunca desde una mirada integral que reconozca las particularidades de la etnia. Es la conclusión a la que llegó La Moneda, después de la huelga de 34 comuneros mapuches y la instalación de las mesas de diálogo en la IX Región. Por ello, el ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, tuvo que elaborar un completo plan, por una inversión de $4 mil millones, con el objetivo de recuperar la confianza de los pueblos originarios. Es la última carta del Ejecutivo para intentar darle término a un histórico conflicto.

Ignacio Bazán - Santiago de Chile, Domingo 30 de enero de 2011 -  Fuente : El Mercurio 

Todo comenzó a comienzos de octubre cuando se organizaron las mesas de diálogo en La Araucanía. A medida que las negociaciones para terminar la huelga de hambre de 34 comuneros mapuches, en distintas cárceles del sur, llegaban a su fin, los ministros de la Segpres, Cristián Larroulet, y de Mideplan, Felipe Kast, advirtieron que había un tema que los dirigentes indígenas pedían en forma recurrente: la incorporación de la cultura al tratamiento del tema de pueblos originarios.

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El "inédito" plan del Gobierno para solucionar el conflicto en Wallmapu

El conflicto Estado chileno - Pueblo Mapuche siempre se ha abordado desde una perspectiva política o de seguridad ciudadana y nunca desde una mirada que apunte a su trasfondo "cultural". Es la conclusión a la que llegó La Moneda y para ello se encuentran elaborando un ambicioso plan de financiamiento a cargo del ministro de Cultura, Luciano Cruz Coke, consignó la edición dominical de El Mercurio.

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viernes, 28 de enero de 2011

Héctor Llaitul: “Yo soy el objetivo de este juicio”

Viernes 28 de enero 2011 15:56 hrs.  -  Vivian Lavín Almazán  -  Fuente : radio.uchile.cl

Desde la cárcel de Lebu, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), conversó en exclusiva con Radio Universidad de Chile acerca del “juicio oral más largo en la región del Bío-Bío”. Sobre la totalidad del proceso pesan todas las dudas respecto de su legitimidad cuando se sigue aplicando la Ley Antiterrorista, a pesar del compromiso gubernamental y que, debido a su aplicación, la Corte Interamericana de DDHH acogió una demanda contra Chile.

Escuchar a Héctor Llaitul es tener la certeza de estar frente a un hombre que carga no sólo con sus 43 años, sino además con los cerca de 500 años de Historia que le anteceden, desde que llegaron los primeros conquistadores españoles a estas tierras.

Llaitul es identificado como el líder de la CAM y en los últimos dos años, ha permanecido más tiempo encerrado que en libertad.

Pero él se ve tranquilo. Ha permanecido, silencioso, observando de manera oblicua debajo de una amplia frente, todas las etapas de un proceso demasiado largo, demasiado tenso, con demasiadas anormalidades. Se trata del juicio en contra de 17 comuneros mapuche por una serie de hechos ocurridos en la zona que tergiversadamente los medios motejan como “conflicto mapuche”.

Aceptando una de las condiciones de los comuneros mapuche para deponer la huelga de hambre que sostuvieron por cerca de tres meses, el gobierno se comprometió a no insistir en la aplicación de la Ley Antiterrorista, un compromiso que los mismos comuneros, ya conocedores del valor de la palabra empeñada de los winkas preferían verlo en un documento escrito, pero que el mismo gobierno insistió fuera sólo de palabra.

Hoy, Héctor Llaitul y los comuneros se sienten engañados. El gobierno sólo ha cumplido con cambiarlos a una cárcel como la de Lebu, para estar más cerca de sus familias y, además, le ha dado una suerte de apoyo alimenticio bastante discreto.

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"Los mapuches (con España) habían pactado un Estatuto de Autonomía y generado relaciones de convivencia pacíficas"

Foto de Agencias
Es lo que señala, en entrevista con Punto Final, la destacada abogada y co-directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez. La profesional entrega una visión a largo plazo del actual escenario de conflicto étnico en Chile, apuntando sus dardos a las políticas de no reconocimiento del Estado y el modelo de desarrollo económico vigente en el país.

RUBÉN ANDINO - SANTIAGO DE CHILE - 17 / 11 / 10 - Fuente: AZKINTUWE

Pausada, mide sus palabras con precisión quirúrgica. La codirectora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez Fuenzalida, es abogada con una maestría en derechos humanos en Estados Unidos y una década dedicada al estudio de los temas indígenas, en especial de sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Sentada en un banco de la sala en que impartirá la clase de antropología jurídica en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, entrega una visión de largo plazo sobre el conflicto que tensiona a los pueblos originarios con el Estado, grandes empresarios y terratenientes.

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Jurista Mireille Fanon acusa: “Juez de Cañete incurre en prevaricación y abuso de poder”

Por Lucía Sepúlveda Ruiz - Viernes, 28 de enero de 2011 -  Fuente: Clarin

Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global.  Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres miembros que enjuicia en Cañete (a unos 637 km al sur de Santiago), a estos luchadores sociales.

Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo de nuestra historia.  Se cree concluye en estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la sentencia salga en febrero, mes que en Chile parece sinónimo de  inactividad política y social. Pero la decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.

Jurista Mireille Fanon
Mireille Fanon-Mendès-France, miembro de la Fundación Frantz Fanon, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, y observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org) asistió a la primera fase de este juicio. En un informe publicado en Rebelión sostuvo que el juez ha incurrido en “abuso de poder judicial discrecional... con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción... y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”. Mireille Fanon es Jurista de Derecho Internacional Público, especialista del conflicto de Medio Oriente, y militante de la causa palestina. También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad. La profesional es hija de Frantz Fanon, renombrado luchador y pensador, autor de “Los condenados de la tierra”.

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jueves, 27 de enero de 2011

Entrevista a Luis Marileo Cariqueo, menor P.P.M. acusado bajo la Ley Antiterrorista, a la espera de su audiencia.

Publicado el 20 de Enero, 2011 - Por País Mapuche

Voz de Luis Marileo, jovén mapuche prisionero politico del estado chileno, acusado de incendios y procesado bajo la ley antiterrorista. Quien desde el 13 de Abril del 2010 se encuentra en la cárcel de menores de Chol Chol. 

Luis está siendo hostigado y perseguido por el estado chileno hace ya varios años solo por ser mapuche. 

En detenciones ha sido además golpeado, atemorizado y torturado. Este video es un testimonio para denunciar la violación a los derechos humanos del jóven mapuche como también de los menores José Ñirripil, Cristian Cayupan, Leonardo Quijón y otros jóvenes mapuche por el estado chileno.

LIBERTAD PARA TODOS LOS JÓVENES MAPUCHE PRISIONEROS DEL ESTADO CHILENO.

Revisión de Cautelar al joven mapuche Luis Marileo Cariqueo del 26 de Enero fué NUEVAMENTE SUSPENDIDA

27 Enero, 2011 - Fuente : Mapuexpress, por Elena Urrutia

La Revisión de Cautelar que estaba programada para el 26 de Enero 2011 en Victoria al joven Luis Marileo, fue nuevamente suspendida por inhabilitación del Juez. Cabe señalar que esta situación se está repitiendo desde Octubre del pasado año.

Es increible la irresponsabilidad y la falta de profesionalidad de la Justicia del estado chileno donde se permiten ejercer como se les dé la gana. La próxima fecha es ahora para el 4 de Febrero 2011.

Llamado a todas las organizaciones Mapuche y No Mapuche, a personas que luchan por los derechos humanos a pronunciarse, organizar acciones de solidaridad con los menores Prisioneros Políticos Mapuche!

A EXIGIR UNA PRONTA SOLUCIÓN EN EL CASO DEL PEÑI LUIS MARILEO!
A EXIGIR LA LIBERTAD PARA LOS MENORES MAPUCHE PRISIONEROS POLITICOS DEL ESTADO GENOCIDOIA CHILENO!

Visitas al jóven Luis Marileo en Chol-Chol : Miércoles y sábado de 11:00 - 15:00 HRS

Pequeños productores hortaliceros mapuche se movilizan por abierta discriminación del Alcalde de Temuco

27 Enero, 2011 - Fuente : Mapuexpress

Ante la amenaza del Alcalde Becker de expulsarlos del sector, los hortaliceros se han organizado para reivindicar su derecho a la actividad económica tradicional, señalan que no están en la calle por su gusto sino porque la ciudad les ha quitado el espacio que tradicionalmente ocuparon.

Temuco, territorio mapuche, 27 enero 2011 - A las cero horas de hoy jueves, en la Feria Pinto de Temuco, se reunieron los productores que entregan el producto hortalicero que es consumido diariamente por las familias de Temuco y la zona. Ante la amenaza del Alcalde Becker de expulsarlos del sector, los hortaliceros se han organizado para reivindicar su derecho al espacio, pues señalan que no están en la calle por su gusto sino porque la ciudad les ha quitado el espacio que tradicionalmente ocuparon.

“No debe olvidarse que fuimos los productores mapuche quienes partimos proveyendo a Temuco, a los que llegaron a este nuestro espacio ancestral”, señaló el vocero de los hortaliceros, productor del sector Trapilhue, también Werken de la Alianza Territorial Mapuche Javier Melimán, en la zona de Quepe.

Los afectados por la orden municipal y consecuente represión policial se han organizado a su vez como Alianza de Productores de Hortalizas de las comunas que circundan Temuco, desde Carahue por la Costa hasta Vilcún y Cunco por la Cordillera, incluyendo también a productores de Freire, Padre las Casas, Chol Chol, Lautaro y Galvarino. Al mismo tiempo han señalado que están iniciando las coordinaciones con los demás lamgen y peñi que luchan por sus derechos y son productores en Temucuicui, Ercilla, Tirúa, Saavedra y otros sectores del territorio mapuche.

De acuerdo a lo señalado por Melimán, el tema proyecta una antigua reivindicación que es un derecho en el vigente Convenio 169 de la OIT, respecto a las formas de economía, negocios y trato especial a la microempresa indígena. Por ello, enfatizó “extraña tanto que un gobierno que dice apoyar la empresa y la iniciativa, reprima y no abra posibilidades a los comerciantes más antiguos de la zona, que somos los mapuche” y cuestiono la señal que entrega el gobierno “quizás ellos entienden por productor y comerciante sólo a los grandes dueños de fundo, pero los que abastecemos las casas de Temuco somos nosotros, los pequeños emprendedores”, concluyen.

Por ello emplazaron al Alcalde Becker a “respetar nuestro derecho al espacio para vender, de manera ordenada en la medida en que se nos reconozca un espacio digno para no estar en la calle, terminando de una vez con la represión policial a nuestras ancianas, mujeres y jóvenes que producen y venden”, expresaron.

Según se informó, hoy a las 20.00 horas, se reunirán en la misma Feria de Temuco, los representantes de cada territorio para coordinar acciones, lugar donde se convoca a la prensa con el objeto de informar a la comunidad usuaria de las propuestas de estos proveedores.

miércoles, 26 de enero de 2011

A fondo con el último menor detenido por Ley Antiterrorista en Chol Chol

26 enero, 2011 - Fuente : El vaca nudo.cl , por Diego Gerter

L.M.C. lleva cerca de diez meses en prisión preventiva por la Ley Antiterrorista por supuestos crímenes cometidos cuando era menor de edad. Una Misión de Observación lo entrevistó para conocer su estado actual y esto fue lo que relató.

A principios de mes les informamos sobre de la situación en que se encontraban tres jóvenes mapuches, detenidos por la Ley Antiterrorista cuando eran menores de edad, y que llevaban entre 5 meses y un año en prisión preventiva en el Centro de Internación Provisoria del Sename de Chol Chol, Región de la Araucanía.

En este periodo, dos de los tres jóvenes, J.Ñ.P. y C.C.M., obtuvieron su libertad con arresto domiciliario total. Sin embargo, L.M.C., permanece recluido en este centro en internación provisoria, a la espera de su audiencia hoy miércoles 26 de enero, en la que su abogado espera corra la misma suerte de los otros dos jóvenes.

En aquella oportunidad, adelantamos además que una Misión de Observación se entrevistaría con los menores con el objetivo acercar a instituciones de derechos humanos, de la niñez, de pueblos indígenas y a organizaciones sociales, a interiorizarse de la situación de los tres jóvenes mapuche imputados por la Ley Antiterrorista en internación provisoria en dicho centro.

La Misión de Observación fue coordinada por Fundación ANIDE y la RED de ONGs de Infancia y Juventud – Chile. En ella participaron, además de las organizaciones coordinadoras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano, ONG Liberar, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, Corporación Opción, ONG La Casona de los Jóvenes, Comisión Nacional de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal de Chile, Comité Obispo Oscar Romero, Agrupación de ex Presos Políticos de La Araucanía, Comisión Ética Contra la Tortura y Centro de Estudios Simón Bolívar.

En la entrevista que el joven mapuche L.M C. sostuvo con la misión, éste denunció haber sido detenido el 13 de abril de 2010 por personal de civil no identificado, mientras se encontraba en clases en el Liceo de Pailahueque, donde cursaba el tercer año medio, siendo trasladado a un vehículo blanco sin identificación, donde fue brutalmente golpeado e insultado.

Las instituciones participantes de la Misión calificaron de tortura el trato vejatorio utilizado por las instituciones policiales y descrito por L.M.C., quienes además de golpearlo, lo insultaron en forma permanente, y le interrogaron de forma irregular sobre el paradero de otros comuneros mapuche supuestamente involucrados en el denominado “conflicto mapuche”.

Las instituciones participantes manifestaron además su preocupación por el lento desarrollo del proceso que se imputa a L.M.C. Al respecto, cabe señalar que la etapa de investigación fue cerrada hace ya cuatro meses, en septiembre de 2010.

L.M.C. manifestó también su impotencia por la injusticia de la cual está siendo objeto, al aplicársele la Ley Antiterrorista, razón por la cual él permanece privado de libertad, y sujeto a procedimientos que no respetan el debido proceso, siendo la única prueba en su contra el testimonio de un testigo protegido.

Debido a esta situación, se constató una sintomatología depresiva, con ánimo variable, irritabilidad, fragilidad emocional y perplejidad. A pesar de ello, L.M.C. manifiesta su voluntad de seguir resistiendo con un alto costo psicológico, de acuerdo al diagnóstico de los especialistas del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, que formaron parte de la misión.

Otro aspecto relevante es la preocupación extrema por su familia, radicada en la Comunidad Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla, compuesta por su madre y siete hermanos. Por un lado, le preocupa la situación económica de su familia, ya que su madre trabajó formalmente hasta el terremoto de febrero de 2010, y dado que él, antes de su detención, era un aporte económico fundamental para el sustento familiar. Por otro, el distanciamiento de sus seres queridos y su comunidad, al sostener sólo una visita al mes con ellos, ha menoscabado su situación emocional, pese a la entereza mostrada al sostener la entrevista.

Asimismo, L.M.C. expresó su preocupación por la existencia de otros niños y niñas mapuches en su comunidad y otras comunidades de la zona que hoy sienten un justificado temor a ser detenidos, golpeados, ser víctimas de interrogatorios irregulares y a vivir experiencias traumáticas similares a las vividas por él.

En este contexto, los asistentes a la Misión de Observación manifiestó su preocupación por la persistencia del Ministerio Público en invocar la Ley Antiterrorista a menores de edad, pese a que la ley señalada en su artículo 3 indica que ésta no puede ser aplicada en estos casos.

Por ello, si bien la Misión declara su satisfacción por la modificación de las medidas cautelares en los casos de J.Ñ.P. y C.C.M., lo que les permitió obtener la libertad pero con arresto domiciliario total, se mantendrá en estado de alerta mientras persista la internación provisoria para L.M.C. y mientras estos jóvenes sigan siendo imputados por la Ley Antiterrorista, como es la realidad que deberán enfrentar cuando se realice su juicio oral, dada la insistencia del Ministerio Público antes aludida.

Finalmente, la Misión realizó un llamado a los legisladores para que logren los acuerdos necesarios que permita hacer nuevas modificaciones a la Ley Antiterrorista, que se corrijan las deficiencias que subsisten en éstas, haciendo específica referencia a que dicha normativa especial no se puede aplicar a menores de edad en ninguna etapa del proceso, esto es, durante la investigación, internación provisoria y el juicio mismo.

Asimismo hicieron un emplazamiento al ejecutivo, para que cumpla a cabalidad los acuerdos que fueron establecidos tras la reciente huelga de hambre de comuneros mapuche, en la que también participaron estos jóvenes.

Acusan discriminación por no entrega de cuerpo

26 Enero, 2011 - Fuente : Comunicaciones Mapuche JVFKEN Mapu, Por Elías Paillan

Comunidad mapuche presenta recurso de protección contra fiscal por demora en entrega de cuerpo de familiar fallecido.

La acción fue interpuesta en contra de la fiscal de Nueva Imperial, Claudia Turra, por vulnerar derechos constitucionales y el Convenio 169 de la OIT ante la excesiva demora en la entrega del cuerpo de Juan Carlos Melillán, quien falleció en un trágico incendio el 16 de enero recién pasado y aún permanece en el Servicio Médico Legal a la espera de un examen de ADN solicitada por la Fiscal.

Miembros de la Asociación Indígena Boroa Filulawen de Nueva Imperial, interpusieron ayer ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección en contra de la fiscal de Nueva Imperial, Claudia Turra, ante la excesiva demora de la entrega del cuerpo de un integrante de la comunidad Francisco Ñancuvil del sector Vega Boroa, fallecido el 16 de enero pasado en un trágico incendio.

Ese día, cerca de las 7:30 de la mañana, Juan Carlos Melillán Melín (39) se encontraba en su casa en la comunidad encendiendo una salamandra y como la madera se encontraba húmeda, utilizó un bidón con combustible para acelerar la combustión, lo que derivó en una violenta explotación que terminó con el incendio de la vivienda y él en su interior.

A pesar de los intentos de rescate de familiares que se encontraban en la casa contigua (Marisol y Jakelin Curaqueo Mariano, Patricia Mariano Antivil, José Curaqueo Mariano y dos menores de edad), todos testigos del hecho, y a la rápida llegada de otros integrantes de la comunidad que intentaron apagar el incendio, fue imposible rescatar con vida a Carlos Melillan.

Excesiva demora en la entrega del cuerpo
Desde aquel trágico suceso, han transcurrido 10 días y aún no se entrega desde el Servicio Médico Legal el cuerpo a la familia, pese a que no hay ningún indicio de que se haya cometido delito alguno o dudas razonables sobre la identidad del fallecido.  Sin embargo, la fiscal de Nueva Imperial Claudia Turra solicitó, vía Oficio N°49/2011dirigido a Juan de la Fuente Amaya, Jefe de LACRIM de la Policía de Investigaciones, realizar un informe pericial urgente de ADN.

De acuerdo a lo señalado por Jakelin Curaqueo, hijastra del fallecido, “(la Fiscal) nos está dando plazos que van desde un año, a seis meses, hasta cuatro meses para recién entregar el cuerpo.  Por eso apelamos a lo humano, tanto de la fiscal como también de las autoridades pertinentes, para que nos entreguen el cuerpo”, exclama Jakelin, sin entender todavía las razones de .esta dilación innecesaria.  Detalla además que enfrentan el trauma que les provocó el verlo quemarse vivo, y el que todos los días la gente de la comunidad pregunta por él.  El padre del fallecido (85), por ejemplo, sufrió un ataque cardiaco y estuvo hospitalizado por la noticia de que su hijo no llegará pronto a casa para ser velado, y su esposa llora constantemente, comenta Jakelin.

De acuerdo a la joven, cuando se entrevistaron con la Fiscal Turra ésta les señaló que la decisión del examen ADN obedece “a un supuesto protocolo o criterio adoptado verbalmente entre los fiscales de la región”.  Ante lo cual recurrieron a diversas autoridades de gobierno regionales, tales como el Seremi de Justicia, el Seremi de Hacienda, el Asesor del Intendente, y Juan Carlos Latorre de la PDI, a efectos de acelerar dicho procedimiento, pero sin éxito.

Jakelin acusa que en este caso en particular existiría además clara discriminación, pues “hace un año, aproximadamente, en el mismo sector de Boroa, ocurrió un accidente similar con otro familiar, don Juan Rodrigo Collipal Collipal, quien incluso quedó en peores condiciones y ella misma (la fiscal Turra) había autorizado la entrega del cuerpo a los dos días de ocurrido el fatídico hecho”.  Esta situación, le fue representada a la fiscal, quien arguyó que se trataba de un caso diferente; puesto que “el señor Collipal se encontraba en estado de ebriedad y sus familiares trataron de salvarlo, cuestión que también nos pasó a nosotros, con la salvedad que nuestro hermano no se encontraba en estado de ebriedad”, narran en el recurso.

Razones para presentar el recurso judicial
En el recurso de protección presentado ayer, se argumenta también elementos culturales que estarían siendo trasgredidos por la diligencia decretada por la fiscal, al no poder la comunidad realizar la ceremonia fúnebre denominada Eluwün (entierro) y el amülpeyün (hacer viajar), impide que el am(espíritu) viaje al ka mapu (otra tierra); “de tal forma que circunda la comunidad y que puede alterar el equilibrio de todo el lof (comunidad), pues es solo cuando se realizan todas las ceremonias funerarias protocolares, cuando la comunidad asume que la persona ha fallecido, es decir, será persona ya muerta...”, narra el escrito.  De modo tal que la negativa y el actuar de la Fiscalía vulnera e impide el derecho de ejercer las manifestaciones religiosas propias y no respeta la cosmovisión y cultura mapuche, las que se encuentran especialmente protegidas en el ordenamiento jurídico, se añade.

Se manifiesta a su vez que, “los hechos descritos constituyen actos tanto ilegales como arbitrarios que privan, perturban y amenazan el derecho de integridad psíquica, dignidad, libertad de culto, en contra de la persona de cada uno de los recurrentes, de  nuestra comunidad indígena y sus miembros, todos derechos que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 (…), del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (…) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas…”.

En conversación con la Abogada Carolina Pinilla, patrocinante de la acción judical, señala que además existe vulneración al artículo 201 del código procesal penal, donde el requisito para la entrega del cuerpo es que se hayan tomado las muestras y de acuerdo a las gestiones que ha hecho la familia, tanto por parte de la PDI como por el Servicio Médico Legal, se informa que las muestras ya están realizadas, por tanto se cumpliría con los requisitos para que el cuerpo se le entregue el cuerpo”.

La fiscal Claudia Turra señaló que solicitó a la PDI la máxima celeridad en los exámenes de ADN al cadáver de Juan Carlos Melillán, cuyos resultados podría estar disponible dentro de un mes, según informó a un diario regional.

martes, 25 de enero de 2011

Lettre du Chili : Depuis la plus grande poubelle chimique d’Amérique latine

Mardi 25 janvier 2011,  par Jean Ortiz

Au Chili, pour parler de la compagnie minière Los Pelambres, la multinationale Luksic à capitaux japonais et chiliens, on dit « la Minera ». Comme on disait jadis « la Frutera », au Guatemala ou au Costa Rica, pour la United Fruit Company.

La Minera, donc, a installé la plus grande poubelle chimique d’Amérique latine (douze bassins de décantation) entre deux massifs de la Cordillère des Andes, dans la zone étroite de la « ceinture du Chili », sur la commune de Los Vilos, province de Choapa, région de Coquimbo. Le site – sans doute classé à haut risque – apparaît masqué sur Google Earth.

A voir : « Les damnés de l’eau », un documentaire de Jean Ortiz et Dominique Gautier :

La décharge, qui finira par mesurer 240 mètres de haut, a été construite – selon la multinationale – « en toute légalité »… De cette légalité – qui lui permet de ne pas payer d’impôts –, les populations ont appris à se méfier. D’ores et déjà, le tranque de relave (le dépotoir) de El Mauro assoiffe les habitants de la vallée du Choapa, située à 8 km en contrebas. Elle empoisonne les nappes phréatiques, les quelques filets d’eau fraîche restants, l’air, les animaux, les oiseaux… Nous avons vu des cultures mortes, des plantations de noyers rachitiques.

La Minera a acheté populations, médias et élus. Le maire de Salamanca la décrit comme « un bon citoyen de sa commune », selon le bimensuel El Ciudadano (2e quinzaine de décembre 2010). Pour laver son image, elle multiplie les « gestes » : elle a versé 130 millions de pesos de dons au Téléthon, fait apporter l’eau par conteneurs dans diverses communes. Elle a aussi déstructuré les communautés et, toujours d’après El Ciudadano, détruit plus de 500 sites archéologiques et dévasté 70 hectares de canelo (arbre à cannelle).

Selon les habitants de la communauté de Caimanes – mille six cent personnes en lutte depuis dix ans, drapeau noir sur les toits des maisons –, une décision du Tribunal suprême déclare le site géologique impropre à cette installation (sol trop friable, risques sismiques, pluies abondantes, inadaptation du rideau de sable qui ne prend pas en compte la pression, etc.). La Minera nie.

Dans ce bout du bout du monde, onze membres de la communauté, dont trois femmes, viennent d’accomplir 81 jours de grève de la faim, du 27 septembre au 17 décembre 2010 : la société refuse toujours de discuter. Pire, elle les accuse de « vouloir obtenir des avantages économiques en mettant en danger leur vie ». Plusieurs grévistes souffrent de graves séquelles oculaires. Ils n’en ont pas moins été condamnés au silence politique et médiatique – alors que se déroulait le « show » du sauvetage des trente-trois mineurs de San José de Atacama, devenus de véritables stars (dont une société privée se charge aujourd’hui de gérer l’image).

Juan Villalobos et Juan Ruiz, porte-parole du Comité de défense de Caimanes, nous indiquent que « mille huit cents tonnes de déchets sont déversés chaque jour. L’eau que nous buvons est jaune, et les récipients qui la font bouillir deviennent verts. C’est à cause de l’arsenic, du plomb, et des autres métaux lourds qu’utilise la société. La Minera joue avec nos vies. Un jour, en quelques secondes, le village de Caimanes sera rayé de la carte ».

Le maire « piñeriste » (du nom du président chilien, Sebastián Piñera) de Los Vilos – ville à laquelle est rattachée Los Caimanes –, M. Juan Jorquera Nino de Cépeda, nous reçoit sans langue de bois : « Je n’ai pas de faculté légale pour intervenir face à la Minera. Je ne peux même pas accéder au site. » L’Etat ayant décidé que les normes légales avaient été remplies, « nous sommes des municipalités “mendiantes”. Pendant les 81 jours de la grève, jamais la presse n’a dit un mot. La Minera est au-dessus de nos lois ».

Le ministre de l’industrie minière considère, toute honte bue, qu’il s’agit d’une « affaire privée ». Le président du Sénat, M. Jorge Pizarro, reconnaît devant nous « la faiblesse des normes de 1994, lorsque la Minera s’est installée, l’inexistence d’un cadre légal environnemental. Notre pays, et plus particulièrement la région minière d’Illapel, est semé de nombreux relaves, sans aucun contrôle, sans cadastre pour les recenser ». Et de conclure : « Nous sommes face à un grave problème et nous commençons à prendre des mesures, mais les multinationales ont beaucoup d’argent et de force de persuasion. »

Intensos interrogatorios continúan en juicio de Cañete contra Mapuche

Martes 25 de enero 2011 12:11 hrs. - Vivian Lavín, desde la región del Bío Bío
Fuente : Radio.uchile.cl


Diez para las diez de la mañana, y no a las nueve como estaba estipulado, comenzó una nueva jornada de audiencias del juicio que se sustancia en la Sala Número 2 del Tribunal Oral de Cañete en contra de 17 comuneros mapuche.

Intenso y, a veces, agotador ha sido el interrogatorio al testigo de la defensa Álvaro Graco, amigo de Víctor Llanquileo, uno de los imputados en el presunto ataque al fiscal Elgueta perpetrado el 15 de octubre de 2008 en Puerto Choque. El testigo a rostro descubierto y con toda tranquilidad fue requerido una y otra vez respecto de su relación de amistad con Víctor Llanquileo, especialmente respecto de la celebración de un cumpleaños que habrían realizado ese mismo día en Santiago, como una manera de demostrar particularmente por parte de la fiscalía que Llanquileo no estaba en la capital, sino que en la región de Bío- Bío y particularmente en Puerto Choque.

Un interrogatorio lleno de interrupciones, con réplicas y contra réplicas por parte la fiscalía, que describen un escenario completamente opuesto al exhibido en las audiencias anteriores, en las que el Ministerio Público ha presentado testigos sin rostro, lo que se ubican en una sala contigua, maquillados y a quienes ni siquiera se les puede contrapreguntar.

Un ambiente que el abogado y ex juez Juan Guzmán, defensor de Héctor Llaitul, describe de esta manera : “El clima del proceso a un estado en el cual los testigos se van a sentir terriblemente atemorizados de colaborar con Justicia por la manera dura, irónica y reiterativa y engañosa con la cual se les está preguntando”

Un juicio que pareciera buscar más templar el arte de la esgrima intelectual y la paciencia entre defensores y fiscales, el que se ha convertido además, hasta ahora en el juicio más largo en la historia de la reforma procesal penal en la Región del Bío-Bío.

Un juicio que tiene elementos más allá de lo estrictamente penal y que refleja de manera patente el histórico desencuentro en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

“Estamos en una situación muy compleja porque se trata de juzgar a personas que no pertenecen al chileno común y corriente sino que son personas que pertenecen a un pueblo originario en un proceso de recuperación de tierras”, explica Natividad Llanquileo, hermana de dos de los imputados.

La que fuera vocera de los presos mapuches durante la huelga de hambre señala que, pese a las adversidades están “optimistas con todo lo que ha pasado porque el Ministerio Público fue bastante débil, a último minuto nos quiso impresionar tratando de hacer vinculaciones de los presos políticos mapuche con las FARCS, pero favorablemente el tribunal no lo aceptó. Ahora la defensa está mostrando sus pruebas, esperamos que sea positivo, pero nosotros hemos señalado desde un principio que más que ser una persecución penal, es una persecución política y eso nos hace pensar que va a haber más de un condenado”.

Una disputa de raíz política y por la cual nuestro país está siendo duramente cuestionado debido a la aplicación de la Ley Antiterrorista y, por la cual, según ya ha trascendido, pesaría una sanción en su contra de parte de la Alta Corte Internacional.

En estos momentos está siendo interrogada otra de las testigos de la defensa, lo que terminaría una nueva jornada de este largo juicio que podría ver su fin ya para mediados de febrero, una fecha en la que el país, desde el punto de vista legal y político, se encuentra prácticamente paralizado, y donde una condena, como se ya se presiente, podría sospechosamente ser fácilmente silenciada por la frivolidad veraniega.

Carta a comisión certificadora (FSC) de empresas forestales en Chile y su relación con comunidades de la nación Mapuche

25 Enero, 2011 - Fuente : Futa Trawun


Carta a comisión certificadora (FSC) de empresas forestales en Chile y su relación con comunidades de la nación Mapuche.

Sres.
Empresa Auditora Smartwood
De la FSC
Presente:
De nuestra consideración;

El Wallmapu Fuxa Trawun es una instancia tradicional autónoma y auto convocada integrada por autoridades ancestrales de las distintas comunidades indígenas, dirigentes de organizaciones, jóvenes, hogares estudiantiles de los distintos puntos de nuestro pueblo nación Mapuche, que luchamos por la reconstrucción de nuestro territorio y avanzar en la reconstrucción de nuestra autonomía como Pueblo nación Mapuche.
Por tanto, en relación a la certificación de madera de las empresas Forestal Mininco y Arauco, manifestamos lo siguiente.
El pueblo mapuche ha existido milenariamente en este territorio al sur del continente en los actuales países Chile y Argentina. Aquí nos hemos desarrollado libremente desde tiempos inmemoriales y en armonía con las diversas formas de vida y en plenitud con la biodiversidad y su entorno junto con nuestra cosmovisión y Nuestro Af y Norg-mogen que regula, equilibra y da continuidad a la relación plena entre todas las formas naturales de vida, entre las cuales está el ser humano.
Para continuar, en la década del 70 entra en vigencia el mecanismo de fomento a la forestación que permite elevar de manera significativa la tasa de plantación de especies foráneas. Es aquí cuando el estado chileno comienza los planes de forestar nuestros territorios con el objetivo de invadir, destruir y descubrir la riqueza orgánica de nuestras tierras y obtener millonarias ganancias económicas para empresas de unos pocos adinerados, colonos traídos por el estado chileno desde Europa y transnacionales.
En el marco de la defensa de nuestro territorio que ha sido invadido por el estado chileno a través de colonos europeos y empresas nacionales e internacionales como son las empresas forestales citadas con fuerte apoyo del mercado y de la economía internacional y en la disyuntiva del proceso de certificación y de la auditoria que se implementa es que venimos ha solicitar ha esta comisión que considere en plenitud nuestros documentos y testimonios para que se rechace la certificación de madera para su comercialización a cualquier nivel de mercado.
Por ello esperamos que vuestro informe concluya que dichas empresas forestales Mininco y Arauco que operan en nuestros territorios han hecho un profundo daño cultural, ambiental, hídrico, social y económico para lograr la producción que ofrecen al mundo.
A raíz de este rubro forestal existe una pérdida incalculable de la cultura, cosmovisión, medio ambiente, materia orgánica productiva del suelo y de la energía hídrica del espíritu del agua, las plantas medicinales, los menocos (nacimientos de agua) y lugares sagrados como son los cementerios y nguillatuwes (lugares de ceremonia) patrimonios comunitarios colectivos de nuestro pueblo.
Las empresas forestales en complicidad con el estado chileno han cometido el delito de genocidio al medio ambiente (ixrofilmongen) al igual como lo han hechos con nuestro pueblo nación mapuche. Estas empresas no se han acercado a las familias y los representantes legítimos territoriales mapuche para definir alguna estrategia de solución a los problemas generados por sus operaciones forestales a gran escala.
En la actualidad la empresa ha definido que 293 comunidades mapuche tienen relación con sus operaciones forestales, ya sea a través de colindancia o que se encuentran a una distancia hasta 3 kms.
Esta cifra es evidentemente incorrecta.
Primero porque fue concebida unilateralmente, sin participación de dirigentes representativos.
Segundo, los impactos que generan las plantaciones forestales y el tránsito de los camiones forestales inciden mucho más allá de 3 kms. En este caso la empresa ha reducido en gran medida los alcances de sus informes sobre los impactos de sus operaciones forestales en el territorio de las comunidades mapuche.
Pues bien la llamada “política de buena vecindad” que ha llevado a cabo la empresa forestal Mininco en los territorios mapuche se ha convertido en una herramienta de engaño y clientelismo. Como dirigentes hemos detectado que las medidas que se han generado bajo este programa, en ningún caso han generado cambios en la situación de pobreza económica, de salud y destrucción ambiental.
Además podemos comentar que EN DERECHO: El actuar de las empresas vulnera los principios y el derecho consuetudinario del pueblo mapuche, violando los derechos establecidos en la legislación nacional, los convenios y tratados internacionales (además del convenio 169 de OIT recientemente aprobado por el estado chileno) y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas aprobada en 2007.

Por tanto, en consideraron de los criterios establecidos como “Estandar para la certificación FSC de plantaciones Forestales de operaciones a gran Gran escala” señalamos los siguiente:

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lunes, 24 de enero de 2011

Tribunal Rechazan Petición de Ministerio Público de incluir en las pruebas los registros del computador incautada al ex jefe de las FARC Colombianas, Raúl Reyes

24 Enero, 2011 - Fuente : Werken Kvrvf, por Arturo Godoy Carilao

El fiscal anti-mapuche Andrés Cruz entra en etapa critica debido a que sus principales montajes se están viniendo bajo uno tras otro, cara de desesperación fue hoy cuando el tribunal le rechazo incluir entre las supuestas pruebas un registros del computador incautada al ex jefe de las FARC Colombianas, Raúl Reyes en donde estarían las supuestas vinculaciones entre mapuches y las guerrilla.

El ministerio público deseaba incluir en las pruebas los registros del computador incautada al ex jefe de las FARC Colombianas, Raúl Reyes.

Esta sorpresiva petición había sido anunciada a los medios por el defensor de los mapuches Pablo Ortega.La fiscalía solicitaba un informe del computador de Raúl Reyes, para establecer supuestos vínculos entre las FARC y la Coordinadora Arauco Malleco.

Por considerar fuera de plazo dicha petición, se considero no a lugar lo solicitado por la parte acusadora y fue momento de alegría de los presentes ya que el fiscal antimapuche Andrés Cruz es el principal gestor de todas las peticiones en contra de los comuneros y el mas ferviente acusador con visiones de otro planeta al mas puro estilo de las películas de Hollywood de ciencia ficción, donde ve personalmente extraterrestres y humanoides al mas puro estilo del ex comandante en Jefe de la Armada José Toribio Merino.

Recordemos que Andrés Cruz Tiene cursos de guerrilla antisubersiva, entregada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Conflicto Hidroaysén (Colbún – Endesa - Enel): Por dónde y cómo pasaría la línea de transmisión de Aysén a Santiago (Al menos por ocho territorialidades Mapuche y por seis parques….)

24 enero, 2011 - Fuente : Mapuexpress

La estrategia de negociación de Hidroaysén y las claves del trazado que divide a Chile / Mientras Hidroaysén define la ubicación de la línea de transmisión secretamente, se vislumbra que esta podría pasar por al menos seis parques nacionales y ocho sectores indígenas. Ello se suma al intento de la sociedad compuesta por Endesa y Colbún de negociar anticipadamente con al menos 2.000 propietarios de los terrenos por donde pasaría el trazado eléctrico.

La empresa solicitó concesiones mineras que eventualmente permitirían devaluar el precio de los terrenos, ahorrar futuras indemnizaciones e ingresar al lugar sin necesidad de permisos.

El secretismo en torno a la ubicación específica de la línea de transmisión de Hidroaysén se ha mantenido, pese a la apertura comunicacional que tuvo la empresa tras la llegada del ex ejecutivo de TVN, Daniel Fernández. Es que presentar esta parte del proyecto, resulta más complicado que la aprobación de las centrales hidroeléctricas y Fernández lo sabe: “La transmisión pasa por nueve regiones, son dos mil propietarios y está la sensibilidad escénica –que es más subjetiva que un impacto ambiental específico – entonces eso la hace más compleja”.

En el caso de Hidroaysén el negocio no es tanto la producción de la energía sino que la transmisión. Esto se observa en las inversiones requeridas para el proyecto: mientras las cinco centrales hidroeléctricas tendrían un costo de inversión de US$ 3.200 millones; la línea de transmisión que recorre 1.912 kilómetros desde la Región de Aysén hasta Santiago, bordearía los US$ 3.800 millones.

Desde el 3 de enero, Hidroaysén cuenta con una gerencia de transmisión, la cual es liderada por el ingeniero civil electricista, Pablo Botteselle de la Fuente (58). Él es el encargado de definir exactamente por dónde pasará la línea y de qué forma se instalarán las 3.800 torres de transmisión, es decir, sacar adelante esta parte del proyecto. En noviembre, la sociedad compuesta por Colbún y Endesa, espera entregar el Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión y ya se puede observar por dónde irá el trazado, porque Hidroaysén tiene en su poder varias concesiones mineras (que permiten devaluar el precio de los terrenos, ahorrar futuras indemnizaciones e ingresar al lugar sin necesidad de permisos), que van en línea continua desde Aysén hasta Santiago.

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Categórico Rechazo de Académicos de la UACH por Convenio con la Empresa Arauco (CELCO)

24 Enero, 2011 - Fuente : Mapuexpress

“Las y los académicos que suscribimos esta Declaración deseamos expresar el profundo dolor, decepción y preocupación que nos ha provocado la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Austral de Chile y la empresa Arauco (propietaria de Celco), en temas de investigación, docencia, medio ambiente y responsabilidad social”.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las y los académicos que suscribimos esta Declaración deseamos expresar el profundo dolor, decepción y preocupación que nos ha provocado la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Austral de Chile y la empresa Arauco (propietaria de Celco), en temas de investigación, docencia, medio ambiente y responsabilidad social.

Consideramos que la firma de ese convenio vulnera los valores corporativos de excelencia, libertad y responsabilidad social:

De la excelencia.
La vocación universitaria de cumplir con “las tareas que le son propias con un grado de calidad, bondad y rectitud superiores que la haga digna de especial reconocimiento, confiabilidad y aprecio ante los destinatarios de sus servicios académicos”, se vulnera con la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa responsable de la mayor crisis ambiental de la región, causada por la contaminación permanente del río Cruces y fuente del conflicto social que se ha generado en la costa de Mehuín. Aún más, la excelencia de nuestra Casa de Estudios se ve cuestionada por la desacreditación que la empresa hiciera del informe científico, solicitado por la Corema, donde, en su versión final, entregada el 18 abril de 2005, se señala que los efluentes de Planta Valdivia (CELCO) “han incidido de forma significativa en los cambios ambientales que han ocurrido en el humedal del río Cruces en el último año”.

De la libertad.
Se ha vulnerado “el ejercicio intelectual de la propuesta y discusión de las ideas racionalmente fundadas, y respetuosas de la jerarquía académica, en un clima de tolerancia, respeto, transparencia y pluralismo”, al firmarse un acuerdo de espaldas a la comunidad universitaria, sustrayendo así el derecho de sus integrantes a ejercitar el derecho a opinar en materias de trascendencia institucional.

De la responsabilidad social.
Se ha vulnerado “la integración armónica de los deberes y derechos a que la Universidad se obliga en su vinculación con el medio social y el cuidado de la naturaleza”, ignorando el impacto negativo ambiental, social y cultural que ha tenido Celco en nuestra región, impacto que ha sido descrito por trabajos científicos de investigadores/as de nuestra casa de estudios. Asimismo, observamos a diario como la empresa mantiene una campaña en los medios de comunicación destacando su preocupación ambiental y social al tiempo que sistemáticamente desoye las demandas de los/as actores sociales perjudicados ambiental y socialmente, no habiendo hasta la fecha un reparo de los daños provocados ni una actitud reflexiva al respecto. Muy por el contrario, el modus operandi de esta empresa sigue siendo el resquicio legal y la desinformación comunicacional, distando mucho de una actitud ética y responsable para con la comunidad.

Lamentamos sinceramente ver minado el fértil campo de interacción entre la Universidad y el mundo privado, al involucrarse con una empresa de pésimos precedentes, nefasto historial de vinculación con la comunidad, y que no ha mostrado reales intenciones de modificar sus prácticas, siendo un pésimo ejemplo de proyección ética de los valores institucionales de la Universidad en el mundo profesional privado y ante la comunidad regional y nacional.

Por lo señalado, rechazamos el Convenio suscrito por la Universidad Austral de Chile y Empresa Arauco y solicitamos su revisión por parte de los cuerpos colegiados y favorecer su discusión por la comunidad universitaria.

Nombres de académicos suscritos a esta declaración AQUÍ

Jorge Retamal Rubio asume como director de la Conadi

24 de Enero de 2011  -  Fuente : El Mostrador


El nuevo directivo destacó el énfasis de terreno que tendrá su gestión, para lo cual ya está planificando visitas a todas las oficinas de la institución en el país, donde pondrá especial atención en la relación entre la institución y los usuarios.

El ingeniero civil industrial y ex directo de Corfo en La Araucanía, Jorge Retamal Rubio, asumió en la mañana de este lunes como nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Al asumir su nuevo cargo, Rubio destacó su preocupación por abordar de manera rápida las temáticas vinculadas a las políticas indígenas establecidas por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Entre las políticas que tendré que impulsar destaca el trabajo con el Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas, la nueva institucionalidad que apoyará el desarrollo integral de los pueblos autóctonos y la ejecución del 100% del presupuesto de la Conadi para el 2011.

“Yo vengo con tres ejes muy claros: la ejecución presupuestaria, la nueva institucionalidad y una agenda del mundo indígena en todos los ministerios. La Conadi no va a ser sólo compra de tierras, va a tener una mirada integral de apoyo a todos los pueblos indígenas de Chile”, indicó.

Asimismo, destacó el énfasis de terreno que tendrá su gestión, para lo cual ya está planificando visitas a todas las oficinas de la institución en el país, donde pondrá especial atención en la relación entre la institución y los usuarios de la Conadi.

domingo, 23 de enero de 2011

Secretario General de la OEA expresa optimismo por una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Washington - El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó hoy su optimismo por la posibilidad de llegar a un consenso en la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que está siendo actualmente negociada.

Fuente :  ImpulsoBAires

En su intervención durante la ceremonia de clausura de la XIII Reunión de Negociación para la búsqueda de consensos sobre dicha Declaración, el máximo representante del órgano hemisférico afirmó que “ciertamente enfrentamos una situación más prometedora que hace poco tiempo atrás”, al mismo tiempo que agradeció a todos los embajadores y delegados que participaron en el evento de tres días por su “empeño, dedicación y arduo trabajo en el alcance de esta meta”.

“Creo que podemos ahora de manera decisiva seguir adelante en la Declaración Americana”, afirmó y continuó diciendo, “saludo y aplaudo la decisión de los Estados Unidos y Canadá de firmar la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Es otro ámbito, pero es un paso significativo que nos permite anhelar que también en el ámbito de la OEA se puede alcanzar un consenso firme que permita que estos países se sumen a la mayoría en la aprobación de la Declaración”.

“Tenemos la más firme voluntad de seguir trabajando para realizar las reuniones que sean necesarias para alcanzar un consenso”, puntualizó, e hizo un llamado de solidaridad a los Estados Miembros y Observadores Permanentes de la OEA para que sigan contribuyendo con fondos para hacer posible este “discurso esencial”.

Por su parte, el Representante de los Pueblos Indígenas de Guyana, George Norton, reconoció los avances logrados en este encuentro, y expresó su preocupación por la posibilidad de que se dejen “entre paréntesis” derechos esenciales de los pueblos indígenas, reconocidos en la declaración de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales.

“Aunque hemos logrado grandes avances en esta ronda de negociaciones, aún hay mucho trabajo por hacer”, continuó el delegado, quien también expresó optimismo por el éxito final. “Sería magnifico si la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fuera completada y anunciada en la Cumbre de las Américas en Colombia en 2012; sería verdaderamente algo que todos podríamos celebrar” insistió.

En el cierre de la reunión del Grupo de Trabajo que tuvo lugar del 18 al 20 de enero de 2011 en la sede principal de la OEA en Washington, DC, El Presidente de la Mesa de Trabajo y Representante Permanente de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, compartió ese mismo optimismo, afirmando que “creo que vamos a tener la suerte de lograr poder terminar este año para tener el año que entra, en el 2012, en la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, la posibilidad de presentar ahí la Declaración de los pueblos indígenas”.

Finalmente, el Observador Permanente de España ante la OEA, Embajador Javier Sancho, resaltó la importancia que tiene el logro de dicho objetivo para su país, uno de los principales donantes y contribuyentes a esta mesa de diálogo. “España tiene una estrategia dedicada exclusivamente a los pueblos indígenas, que tiene un objetivo fundamental: el de contribuir al reconocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de los pueblos indígenas, y a articular sus propios procesos de desarrollo social, económico, político y cultural”, afirmó.

sábado, 22 de enero de 2011

Ezzati expresa inquietud por juicios a comuneros mapuches

22 Enero, 2011 - Fuente : La Tercera, por J. Poblete y J. Peñailillo


Arzobispo de Santiago se reunió el miércoles con ministro Larroulet y voceras indígenas.

El miércoles en la tarde, monseñor Ricardo Ezzati y el ministro Cristián Larroulet se reunieron en las oficinas que la Secretaría General de la Presidencia tiene en calle Moneda, a una cuadra de Palacio. Ahí recibieron a familiares de los comuneros mapuches investigados por el ataque al fiscal Mario Elgueta y su comitiva, ocurrido en octubre del año 2008.

Así, además del arzobispo de Santiago y el ministro, estuvieron Pamela Pessoa -pareja de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco-; Natividad Llanquileo, hermana de Ramón, el segundo de dicho grupo, y el abogado Alberto Espinoza.

Según fuentes de gobierno, en la cita las representantes mapuches plantearon su inquietud por el hecho de que, a un mes de que culmine el juicio y a diferencia del Ejecutivo, la fiscalía mantiene acusaciones contra los comuneros por delitos terroristas.

En septiembre pasado, tras una extensa huelga de hambre de mapuches, el gobierno aceptó recalificar las querellas que había interpuesto por este caso: ya no se perseguirían delitos terroristas, sino que delitos comunes. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la primera tipificación en sus acciones judiciales.

"Esto podría desatar un estallido social importante", dice Llanquileo, quien agrega que podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Espero que no", sostiene monseñor Ezzati a La Tercera, quien añade que "creo que hay inquietud".

Como facilitador del diálogo que frenó la huelga de hambre del año pasado, el arzobispo de Santiago sostiene que "al acercarse el (fin del) juicio es una preocupación. Es cierto que el gobierno ha retirado la calificación de terrorista y la justicia militar ya lo ha juzgado como no terrorista. Pero eso ha permanecido en el juicio y causa escozor y problemas".

En esa línea, indicó que "espero que los dos grandes signos que han dado el Ejecutivo y la justicia militar, de alguna manera también sean recogidos por la justicia civil".

Desde La Moneda reconocen que han hecho un permanente monitoreo de la situación. Y agregan que, en la reunión del miércoles pasado, tanto Larroulet como el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, insistieron ante los comuneros mapuches que el gobierno no puede intervenir ante las decisiones del Ministerio Público, un organismo autónomo.

Además, en la reunión del miércoles, las representantes mapuches expresaron su inquietud porque la fiscalía habría exhibido imágenes de menores de edad en una audiencia pública -refiriéndose a fotografías en las que aparece la hija de uno de los acusados- y también por la utilización de escuchas telefónicas que son consideradas privadas.

De hecho, este último punto desató una polémica en una audiencia realizada el jueves, cuando los 12 acusados que se encuentran encarcelados -los otros cinco están libres, al estar imputados por delitos menores- se retiraron del tribunal de Cañete increpando a sus querellantes, luego de que la fiscalía diera a conocer una escucha telefónica en que la pareja de José Huenuche, uno de los implicados, hablaba con otra persona de su compromiso con la causa y mencionaba la participación de Llaitul.

viernes, 21 de enero de 2011

Declaración Pública Misión de Observación al Centro de reclusión Chol Chol y situación menores Mapuchesa

21 Enero, 2011 - Fuente : Mapuexpress

En Temuco, a 19 de enero de 2011, las instituciones y organizaciones de derechos humanos y sociales que formaron parte de la Misión de Observación al Centro de Internación Provisoria y de Reclusión Cerrada (CIP-CRC) de Chol Chol, en la Región de La Araucanía, declaramos que:

Dicha Misión de Observación tuvo como objetivo acercar a instituciones de derechos humanos, de la niñez, de pueblos indígenas y a organizaciones sociales, a interiorizarse de la situación de los tres jóvenes mapuche imputados por la Ley Antiterrorista en internación provisoria en dicho centro.

Es importante consignar que J.Ñ.P., obtuvo su libertad con arresto domiciliario total el día viernes 14 de enero de 2011. Mientras que C.C.M., obtuvo su libertad el día de hoy, con arresto domiciliario total. Sin embargo, L.M.C., permanece recluido en este centro en internación provisoria, con quien la Misión de Observación se entrevistó.

La Misión de Observación fue coordinada por Fundación ANIDE y la RED de ONGs de Infancia y Juventud – Chile. En ella participaron, además de las organizaciones coordinadoras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano, ONG Liberar, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, Corporación Opción, ONG La Casona de los Jóvenes, Comisión Nacional de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal de Chile, Comité Obispo Oscar Romero, Agrupación de ex Presos Políticos de La Araucanía, Comisión Ética Contra la Tortura y Centro de Estudios Simón Bolívar.

En la entrevista que el joven mapuche L.M C. sostuvo con la misión, denunció haber sido detenido el 13 de abril de 2010 por personal de civil no identificado, mientras se encontraba en clases en el Liceo de Pailahueque, donde cursaba el tercer año medio, siendo trasladado a un vehículo blanco sin identificación, donde fue brutalmente golpeado e insultado.

Las instituciones participantes de la Misión califican de tortura el trato vejatorio utilizado por las instituciones policiales y descrito por L.M.C., quienes además de golpearlo, lo insultaron en forma permanente, y le interrogaron de forma irregular sobre el paradero de otros comuneros mapuche supuestamente involucrados en el denominado “conflicto mapuche”.

Las instituciones participantes manifiestan además su preocupación por el lento desarrollo del proceso que se imputa a L.M.C. Al respecto, cabe señalar que la etapa de investigación fue cerrada hace ya cuatro meses, en septiembre de 2010, sin que hasta ahora se haya fijado fecha para la audiencia de preparación del juicio oral.

L.M.C. manifestó también su impotencia por la injusticia de la cual está siendo objeto, al aplicársele la Ley Antiterrorista, razón por la cual él permanece privado de libertad, y sujeto a procedimientos que no respetan el debido proceso, siendo la única prueba en su contra el testimonio de un testigo protegido. Debido a esta situación, se constata una sintomatología depresiva, con ánimo variable, irritabilidad, fragilidad emocional y perplejidad. A pesar de ello, L.M.C. manifiesta su voluntad de seguir resistiendo con un alto costo psicológico, de acuerdo al diagnóstico de los especialistas del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, que formaron parte de la misión.

Otro aspecto relevante es la preocupación extrema por su familia, radicada en la Comunidad Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla, compuesta por su madre y siete hermanos. Por un lado, le preocupa la situación económica de su familia, ya que su madre trabajó formalmente hasta el terremoto de febrero de 2010, y dado que él, antes de su detención, era un aporte económico fundamental para el sustento familiar. Por otro, el distanciamiento de sus seres queridos y su comunidad, al sostener sólo una visita al mes con ellos, ha menoscabado su situación emocional, pese a la entereza mostrada al sostener esta entrevista.

Asimismo, la misión se hace eco de la preocupación expresada por L.M.C. sobre la existencia de otros niños y niñas mapuches en su comunidad y otras comunidades de la zona que hoy sienten un justificado temor a ser detenidos, golpeados, ser víctimas de interrogatorios irregulares y a vivir experiencias traumáticas similares a las vividas por él.

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