Como tardía calificó la defensa de los 17 comuneros mapuche la recalificación que solicitó el Gobierno de algunos de los delitos por los que están procesados, ya que estarían tipificados bajo el Código Penal. Esto porque durante todo el juicio se han presentado profundas irregularidades – como la utilización de testigos protegidos – que han sido altamente criticadas, incluso, por los observadores internacionales y que fueron permitidas gracias a la invocación a la Ley Antiterrorista.
Este miércoles en los alegatos de clausura de los tribunales de Cañete el abogado del Gobierno, Guillermo Leyton, pidió la recalificación de los cargos a 14 de los 17 comuneros mapuche acusados por el Ministerio Público de asociación ilícita terrorista y de estar vinculados en el atentado en contra del fiscal Mario Elgueta.
Tanto el delito de asociación ilícita, como los de robo de madera, incendio y el atentado al fiscal serían tipificables bajo el Código Penal, por lo que no podrían ser calificados como actos terroristas, según el Ejecutivo.
Así, el Gobierno cumplió con la promesa que permitió terminar con la extensa huelga de hambre que protagonizaron los presos políticos mapuche exigiendo un juicio justo. Sin embargo, para el abogado Alberto Espinoza la recalificación fue muy tardía y no cambia las condiciones de un juicio ya viciado.
“Sentimos que a esta altura es bastante insuficiente, puesto que se acogió la aplicación de la Ley Antiterrorista durante toda la etapa de juicio. El ministerio del Interior avaló la presentación de testigos secretos, de informantes y de todas las disposiciones procesales de esta normativa. Más allá que el Gobierno diga que un hecho no se puede clasificar como terrorista la ley ya fue aplicada y de ese proceso nada bueno puede salir”, sostuvo Espinoza.
Este miércoles se hizo presente una delegación encabezada por el lonko Víctor Queipul de las comunidades de Ercilla, quienes presenciaron los alegatos finales de la Defensoría Penal Pública.
Una comunidad que, como muchas otras, ha seguido atentamente este proceso que consideran de suma relevancia. Incluso fuentes policiales aseguran que de existir un fallo condenatorio, se produciría una reactivación de manifestaciones en el Biobío y la Araucanía.
“Nos quieren hacer ver que este es un problema puntual, que se trata de delincuentes comunes y terroristas, que en realidad no se está juzgando a un pueblo, pero nosotros vemos eso de otra perspectiva porque este es un juicio político y muchos de los dirigentes han dicho que en caso de haber condenas ellos se van a movilizar”, aseguró la hermana de uno de los acusados y ex vocera de los presos políticos de Concepción, Natividad Llanquileo.
Este jueves comenzarán los alegatos finales de los abogados defensores particulares, los que podrían extenderse hasta el viernes. También se convocó a una marcha en Cañete desde las Plaza Caupolicán a las 18 horas en apoyo a los comuneros procesados.
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