Cuando casi se cumplen tres meses de que se iniciara el juicio en contra de 17 comuneros mapuche por el ataque al fiscal Mario Elgueta y otros delitos catalogados como terroristas, los comuneros insistieron en las denuncias sobre torturas en las que habrían incurrido Carabineros para forzar las declaraciones de los testigos protegidos. Todo, en medio de un juicio que ha sido altamente cuestionado por observadores internacionales por las irregularidades que se han presentado en el proceso.
Mapuches imputados por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta en Tirúa reiteraron su denuncia de presiones contra testigos secretos. En el llamado “Juicio de Cañete”, próximo a cumplir tres meses, se investiga la presunta responsabilidad de 17 comuneros mapuche en ese delito y otros ilícitos, algunos de ellos de carácter terrorista.
En su declaración del pasado miércoles ante el tribunal, Patricio Cona, líder de la Comunidad Caupolicán, ratificó las denuncias de torturas que habrían padecido por parte de Carabineros Rodrigo y José Viluñir, dos menores integrantes de dicha comunidad, para declarar en contra de seis comuneros en calidad de testigos secretos.Así lo confirmó también Pamela Pessoa, pareja de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que también es investigado por los mismos delitos, quien aseguró además que la Fiscalía habría desistido de presentarlos como testigos luego de saber que podrían denunciar las presiones.
“El Ministerio Público desistió de presentarlos como testigos secretos y presentó a algunos Carabineros, específicamente, al capitán Saez que es un jefe de inteligencia de Carabineros que declaró a nombre de estos jóvenes. Entonces declaró lo que le habían contado, pero hace mucho tiempo que ellos se retractaron de estas declaraciones y han denunciado que uno de ellos fue colgado de un puente y amenazado con armas de fuego por Carabineros”, dijo.
Pamela Pessoa cuestionó además que el fiscal Andrés Cruz se haya reunido con Cona en la Plaza de Cañete diez días antes del inicio del juicio oral, cuando en esa ciudad existe una Fiscalía local donde se podrían haber encontrado.
La pareja de Llaitul criticó el doble estándar del gobierno chileno que, a pesar de los acuerdos logrados luego de la extensa huelga de hambre del año pasado y de asegurar que el Ministerio Público es autónomo, continúa interviniendo ofreciendo tierras y dineros a testigos secretos.
Por su parte, Natividad Llanquileo, vocera de los comuneros presos en El Manzano, comentó que las presiones que se han manifestado en este juicio quedan graficadas en la la declaración de su hermano Ramón, quien acusó que su testimonio ante Fiscalía Militar fue sacado bajo presión.
“Yo tengo una versión distinta por un asunto de tiempo. Fue lo que pasó después de esos días. Cuando le preguntaron qué había hecho en tal y tal fecha, el se confundió porque en la detención lo golpearon, lo tuvieron incomunicado por varios días y se dieron una serie de cosas que le produjeron un desfase de tiempo”, aseguró Llanquileo.
Natividad Llanquileo precisó además que su hermano manifestó ante el tribunal que él se considera un preso político mapuche y que participó en distintos procesos de recuperación de tierras desde 1998 en adelante.
Este viernes la audiencia continúa con el contra interrogatorio de los querellantes, es decir, el gobierno y la Forestal Mininco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario