• Tras el quinto informe presentado por el estado chileno ante el organismo de Naciones Unidas el 4 y 5 de mayo de 2009, se le formularon recomendaciones y se confirió un año de plazo para informar sobre avances en cuatro de ellas, que revestían la mayor preocupación: DL de Amnistía, alegaciones de tortura, justicia militar, reparación y programa PRAIS.
• Ni el gobierno de Bachelet en su momento, ni el de Piñera hasta ahora, han cumplido con esta disposición, por lo que diversas organizaciones nacionales de derechos humanos enviaron su informe alternativo.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas, ratificada por Chile, los estados parte deben informar cada cuatro años sobre el cumplimiento e implementación de dicho tratado internacional, ante el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT).
El Comité examinó el quinto informe periódico de Chile –presentado con años de retraso, se debe resaltar- en sus sesiones 877 y 879 celebradas los días 4 y 5 de mayo de 2009, y aprobó luego, en su sesión 891 de 14 de mayo, las observaciones finales y recomendaciones al estado. En ellas, el Comité solicitó al estado “que en el plazo de un año le informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los párrafos 12, 13, 14, 18 y 25, referidas a la persistencia del Decreto Ley de Amnistía, a su preocupación por múltiples alegaciones de tortura recibidas, a la competencia de la justicia militar y la figura de la obediencia debida, así como en materia de reparación a las violaciones de la dictadura y la cobertura del programa PRAIS.
Sin embargo, ni el gobierno de Bachelet en su momento, ni el de Piñera hasta ahora, han cumplido con esta disposición, por lo que el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano, enviaron un informe alternativo al organismo en el que responden a los puntos priorizados, el que además fue suscrito por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Para el coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, José Araya, “los avances en estas materias son muy lentos en Chile. Puesto que falta voluntad en el ejecutivo y en el parlamento para democratizar las reglas que rigen a las fuerzas armadas y eso incluye a la policía uniformada.” Agregando que “este gobierno (de Sebastián Piñera) está aún más presionado para generar cambios, pero no es una prioridad en su agenda y la sombra de Pinochet se mantiene presente. Por eso la importancia del trabajo de las agrupaciones de víctimas y de organizaciones de derechos humanos de informar sobre estas materias, lo que será relevante para dar nuevos pasos y hacer cumplir estas recomendaciones del CAT”, concluyó.
Las recomendaciones priorizadas por el CAT AQUÍ
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