Arzobispo de Santiago se reunió el miércoles con ministro Larroulet y voceras indígenas.
El miércoles en la tarde, monseñor Ricardo Ezzati y el ministro Cristián Larroulet se reunieron en las oficinas que la Secretaría General de la Presidencia tiene en calle Moneda, a una cuadra de Palacio. Ahí recibieron a familiares de los comuneros mapuches investigados por el ataque al fiscal Mario Elgueta y su comitiva, ocurrido en octubre del año 2008.
Así, además del arzobispo de Santiago y el ministro, estuvieron Pamela Pessoa -pareja de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco-; Natividad Llanquileo, hermana de Ramón, el segundo de dicho grupo, y el abogado Alberto Espinoza.
Según fuentes de gobierno, en la cita las representantes mapuches plantearon su inquietud por el hecho de que, a un mes de que culmine el juicio y a diferencia del Ejecutivo, la fiscalía mantiene acusaciones contra los comuneros por delitos terroristas.En septiembre pasado, tras una extensa huelga de hambre de mapuches, el gobierno aceptó recalificar las querellas que había interpuesto por este caso: ya no se perseguirían delitos terroristas, sino que delitos comunes. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la primera tipificación en sus acciones judiciales.
"Esto podría desatar un estallido social importante", dice Llanquileo, quien agrega que podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Espero que no", sostiene monseñor Ezzati a La Tercera, quien añade que "creo que hay inquietud".
Como facilitador del diálogo que frenó la huelga de hambre del año pasado, el arzobispo de Santiago sostiene que "al acercarse el (fin del) juicio es una preocupación. Es cierto que el gobierno ha retirado la calificación de terrorista y la justicia militar ya lo ha juzgado como no terrorista. Pero eso ha permanecido en el juicio y causa escozor y problemas".
En esa línea, indicó que "espero que los dos grandes signos que han dado el Ejecutivo y la justicia militar, de alguna manera también sean recogidos por la justicia civil".
Desde La Moneda reconocen que han hecho un permanente monitoreo de la situación. Y agregan que, en la reunión del miércoles pasado, tanto Larroulet como el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, insistieron ante los comuneros mapuches que el gobierno no puede intervenir ante las decisiones del Ministerio Público, un organismo autónomo.
Además, en la reunión del miércoles, las representantes mapuches expresaron su inquietud porque la fiscalía habría exhibido imágenes de menores de edad en una audiencia pública -refiriéndose a fotografías en las que aparece la hija de uno de los acusados- y también por la utilización de escuchas telefónicas que son consideradas privadas.
De hecho, este último punto desató una polémica en una audiencia realizada el jueves, cuando los 12 acusados que se encuentran encarcelados -los otros cinco están libres, al estar imputados por delitos menores- se retiraron del tribunal de Cañete increpando a sus querellantes, luego de que la fiscalía diera a conocer una escucha telefónica en que la pareja de José Huenuche, uno de los implicados, hablaba con otra persona de su compromiso con la causa y mencionaba la participación de Llaitul.
No hay comentarios:
Publicar un comentario