Este será un año decisivo y en Mehuin lo saben. Por eso el pasado 5 de enero se realizó una importante y masiva asamblea en Mehuin para definir estrategias y las líneas de acción. Eliab Viguera, vocero del Comité de Defensa del Mar, asegura que un elemento fundamental será el apoyo y pronunciamiento que puedan tener desde otras regiones del país.
El conflicto en la Bahía Mehuin entre comunidades mapuche lafkenche agrupadas bajo el Comité de Defensa del Mar y la empresa Celulosa Arauco, está lejos de terminar. El 2010 estuvo marcado por aprobaciones ambientales de autoridades de gobierno que dieron luz verde a la posibilidad de que la empresa haga realidad sus planes de instalar un ducto al mar para arrojar sus desechos tóxicos productivos.El 23 de febrero, el proyecto fue calificado positivamente por la COREMA de Los Ríos, sucediéndose luego una serie de acciones legales con que las comunidades lafkenche buscaron invalidar la resolución gubernamental por ilegal y arbitraria, además de alegar la ausencia de consulta. Es el caso del recurso de protección presentado el 26 de marzo, donde se argumenta que deliberadamente se infringió una serie de normativas específicas destinadas a la protección de los pueblos indígenas, como son el Convenio 169 de la OIT y la ley 20.249 de borde costero, conocida precisamente como ley lafkenche.
La empresa, pese a esta férrea oposición al ducto del Comité y de las comunidades por los serios efectos ambientales y a su principal fuente de subsistencia, la pesca, siguió adelante con los estudios de factibilidad en territorio lafkenche. Lo que ocasionó nuevas tensiones, como la que el 30 de marzo pasado dejó a tres miembros del Comité heridos cuando buscaban evitar estos estudios en la zona.
Éste será un año decisivo, y lo saben. Por eso el pasado 5 de enero se realizó una importante y masiva asamblea en Mehuin para definir estrategias y las líneas de acción. En conversación con Eliab Viguera, vocero del Comité de Defensa del Mar, asegura que un elemento fundamental será el apoyo y pronunciamiento que puedan tener desde otras regiones del país y que el 2011 “abre un espacio a nivel internacional para realizar acciones judiciales y denunciar el actuar del Estado y la empresa Celco”, anuncia Viguera.
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