10 Enero, 2011 - Fuente : Azkintuwe, por Daniela Estrada / Agencia IPS - Temuko, WallMapu
Desde diversos frentes, comunidades indígenas y organismos de derechos humanos han llevado al Estado chileno a dar explicaciones ante la comunidad internacional. Política de criminalización de la protesta social asoma como la principal deuda pendiente de la paradójica democracia chilena.
Mientras muchos ya dudan del prometido "golpe de timón" en la criticada política hacia los indígenas en Chile, al gobierno de Sebastián Piñera se le acaba el plazo para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención al reclamo de mapuches presos.
"El desafío para este año es evitar que los tribunales sean los que intervengan, como último recurso, para tratar de solucionar los reclamos tanto de las comunidades indígenas como de los dueños de los predios afectados" por las ocupaciones, dijo a Agencia IPS Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales. "Tiene que ser la autoridad política la que tome cartas en el asunto", sostuvo el abogado.
En este Estado austral con 17 millones de habitantes, son nueve los pueblos indígenas que han sido reconocidos por el Estado, siendo el más numeroso el mapuche, con más de un millón de integrantes. La justicia militar recibió el 6 de este mes una denuncia por violencia policial innecesaria presentada por integrantes del pueblo indígena Rapa Nui, que entre septiembre y diciembre fueron violentamente desalojados por efectivos de carabineros (policía uniformada) de terrenos que reivindican como propios en la Isla de Pascua.
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