Suprema rebajó condenas a Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez, pero el fallo no los dejó conformes. Los cuatro están hospitalizados en Victoria por desnutrición severa. Estudian alimentarlos a la fuerza.
Sábado 4 de junio de 2011 | País / Claudio Leiva Cortés / Fuente: La Nación
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| Foto: UPI |
Los cuatro comuneros mapuches a quienes la Corte Suprema les rebajó las condenas anunciaron que seguirán en huelga de hambre en rechazo a este proceso y que recurrirán a tribunales internacionales. Este sábado cumplirán 81 días de ayuno.
Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez se encuentran internados en el Hospital de Victoria, Región de la Araucanía, después de ser trasladados con desnutrición severa desde la Cárcel de Angol.
Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez se encuentran internados en el Hospital de Victoria, Región de la Araucanía, después de ser trasladados con desnutrición severa desde la Cárcel de Angol.
Este viernes, la Segunda Sala de la Corte Suprema modificó las sentencias dictadas el 22 de marzo pasado por el Tribunal Oral Penal de Cañete, que condenó a Llaitul a un total de 25 años de cárcel y a los otros tres comuneros, a 20 años de presidio cada uno.
En fallo unánime, el máximo tribunal del país acogió parcialmente en recurso de nulidad presentado por la defensa de los mapuches en el caso del homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta. La corte estimó que sólo hubo delito de lesiones graves y sentenció a Llaitul a cuatro años y un día de cárcel y a tres años y un día al resto.
Sin embargo, mantuvo las condenas de 10 años y un día para Llaitul y de cinco años y un día para los demás por el delito de robo con intimidación en perjuicio del campesino José Santos Jorquera. En la práctica, Llaitul sumó más de 14 años de presidio y los otros comuneros, ocho.
LEY ARBITRARIA
Natividad Llanquileo, vocera de los condenados y hermana de uno de ellos, dijo que “esta situación nosotros no la vamos a aceptar por ningún motivo debido a todas las vulneraciones que se han dado durante el juicio”.
Tras escuchar la sentencia definitiva, la joven mapuche indicó que “vamos a recurrir a tribunales internacionales, porque la ley antiterrorista no se puede aplicar, es una ley arbitraria que se aplicó en dictadura y que se sigue aplicando especialmente al pueblo mapuche”.
“Por supuesto que no nos podemos conformar cuando se ha avalado la aplicación de la Ley Antiterrorista, cuando se ha avalado la vulneración del debido proceso, no lo vamos a aceptar independientemente de que nos den unos años de consuelo”, añadió.
“Hoy día se ha condenado a los presos políticos mapuche, y no solamente a ellos, se ha condenado a un pueblo y por lo tanto ellos verán como van a responder ante esta situación”, agregó.
Acerca del estado de salud de los comuneros, informó que “están bastante debilitados, pero estamos dispuestos a llegar hasta donde ellos quieran llegar y los vamos a apoyar siempre”.
“Hablé con ellos y están tan molestos como nosotros y van a continuar la huelga de hambre. Algunos de ellos están realmente mal, pero si llega a suceder una tragedia, el Estado chileno deberá hacerse responsable de ello por mantener esta Ley Antiterrorista", agregó la vocera.
A LA CORTE INTERAMERICANA
Pablo Ortega, abogado de Llaitul, dijo que sólo queda recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde los procesos son generalmente muy largos, por lo que temen que uno de los comuneros pueda morir antes de que esto se resuelva.
“Creemos que es una sentencia que tendremos que revisar, analizar y eventualmente recurrir ante tribunales internacionales toda vez que los argumentos de la defensa en torno a que el testigo secreto fue manipulado siguen vigentes”, explicó.
Según Ortega, "es una sentencia contradictoria, ya que por los mismos hechos fueron absueltos por la justicia militar y en definitiva fueron condenados por la justicia civil".
En el Hospital de Victoria, en tanto, la esposa de Llaitul, Pamela Pessoa, declaró que “la huelga de hambre no ha concluido, se iba a dar por terminada una vez que se anulara el juicio, pero el juicio no se ha anulado, ha habido una rebaja de condenas. Esto ha significado valorar la Ley Antiterrorista y la vulneración del debido proceso”.
En tanto, el director del hospital, doctor Joaquín Sanzana, anunció la presentación de un recurso de amparo para alimentar a los comuneros. “Como centro asistencial tenemos que velar por la vida de los pacientes y tomar los reparos jurídicos competentes a esta situación, tenemos la obligación de que la vida de ellos no se comprometa”, indicó.
JUICA: “ES LA ÚLTIMA PALABRA”
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que el fallo de la Sala Penal “es la última palabra y hay que acatarla. Uno aspiraría a que los comuneros dejen la huelga de hambre porque han logrado algo que ellos pretendían, que es rebajar sus condenas”.
Finalmente, el miembro de la Sala Penal y vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz aseguró que el proceso que condenó a los mapuches fue “justo”. Consultado por los cuestionamientos a la aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile, respondió: “¿Usted cree que los tratados internacionales están avalando las balaceras y los atentados contra las autoridades del país? ¿Cree que los tribunales podrían avalar esas conductas?”.
En fallo unánime, el máximo tribunal del país acogió parcialmente en recurso de nulidad presentado por la defensa de los mapuches en el caso del homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta. La corte estimó que sólo hubo delito de lesiones graves y sentenció a Llaitul a cuatro años y un día de cárcel y a tres años y un día al resto.
Sin embargo, mantuvo las condenas de 10 años y un día para Llaitul y de cinco años y un día para los demás por el delito de robo con intimidación en perjuicio del campesino José Santos Jorquera. En la práctica, Llaitul sumó más de 14 años de presidio y los otros comuneros, ocho.
LEY ARBITRARIA
Natividad Llanquileo, vocera de los condenados y hermana de uno de ellos, dijo que “esta situación nosotros no la vamos a aceptar por ningún motivo debido a todas las vulneraciones que se han dado durante el juicio”.
Tras escuchar la sentencia definitiva, la joven mapuche indicó que “vamos a recurrir a tribunales internacionales, porque la ley antiterrorista no se puede aplicar, es una ley arbitraria que se aplicó en dictadura y que se sigue aplicando especialmente al pueblo mapuche”.
“Por supuesto que no nos podemos conformar cuando se ha avalado la aplicación de la Ley Antiterrorista, cuando se ha avalado la vulneración del debido proceso, no lo vamos a aceptar independientemente de que nos den unos años de consuelo”, añadió.
“Hoy día se ha condenado a los presos políticos mapuche, y no solamente a ellos, se ha condenado a un pueblo y por lo tanto ellos verán como van a responder ante esta situación”, agregó.
Acerca del estado de salud de los comuneros, informó que “están bastante debilitados, pero estamos dispuestos a llegar hasta donde ellos quieran llegar y los vamos a apoyar siempre”.
“Hablé con ellos y están tan molestos como nosotros y van a continuar la huelga de hambre. Algunos de ellos están realmente mal, pero si llega a suceder una tragedia, el Estado chileno deberá hacerse responsable de ello por mantener esta Ley Antiterrorista", agregó la vocera.
A LA CORTE INTERAMERICANA
Pablo Ortega, abogado de Llaitul, dijo que sólo queda recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde los procesos son generalmente muy largos, por lo que temen que uno de los comuneros pueda morir antes de que esto se resuelva.
“Creemos que es una sentencia que tendremos que revisar, analizar y eventualmente recurrir ante tribunales internacionales toda vez que los argumentos de la defensa en torno a que el testigo secreto fue manipulado siguen vigentes”, explicó.
Según Ortega, "es una sentencia contradictoria, ya que por los mismos hechos fueron absueltos por la justicia militar y en definitiva fueron condenados por la justicia civil".
En el Hospital de Victoria, en tanto, la esposa de Llaitul, Pamela Pessoa, declaró que “la huelga de hambre no ha concluido, se iba a dar por terminada una vez que se anulara el juicio, pero el juicio no se ha anulado, ha habido una rebaja de condenas. Esto ha significado valorar la Ley Antiterrorista y la vulneración del debido proceso”.
En tanto, el director del hospital, doctor Joaquín Sanzana, anunció la presentación de un recurso de amparo para alimentar a los comuneros. “Como centro asistencial tenemos que velar por la vida de los pacientes y tomar los reparos jurídicos competentes a esta situación, tenemos la obligación de que la vida de ellos no se comprometa”, indicó.
JUICA: “ES LA ÚLTIMA PALABRA”
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que el fallo de la Sala Penal “es la última palabra y hay que acatarla. Uno aspiraría a que los comuneros dejen la huelga de hambre porque han logrado algo que ellos pretendían, que es rebajar sus condenas”.
Finalmente, el miembro de la Sala Penal y vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz aseguró que el proceso que condenó a los mapuches fue “justo”. Consultado por los cuestionamientos a la aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile, respondió: “¿Usted cree que los tratados internacionales están avalando las balaceras y los atentados contra las autoridades del país? ¿Cree que los tribunales podrían avalar esas conductas?”.
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