Las organizaciones campesinas e indígenas entregaron una carta en el Palacio de La Moneda para exigir a las autoridades de gobierno que se retire y cancele la firma del convenio UPOV-91, por tratarse de un proyecto inconsulto que pone en peligro las actuales formas de producción de alimentos en nuestro país.
Viviana Catrileo, representante de la Asamblea Mapuche de Izquierda, reiteró que este acuerdo se adoptó sin realizar la consulta que estable tratados internacionales adscritos por Chile y que pone en peligro las prácticas ancestrales de los pueblos originarios.
Catrileo informó que “queremos denunciar y pedir al gobierno que retire el proyecto de ley, el cual vulnera los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, el que señala que debe consultarse a los afectados, en este caso pueblos originarios y campesinos, respecto a decisiones que vayan en su perjuicio. Estamos muy preocupados por un tema que es muy grave y atenta contra la vida”.
La dirigenta mapuche añadió que con esto se perjudica además la medicina tradicional, al no poder trabajar con semillas que estarían patentadas a nombre de empresas transnacionales.
Un proyecto que, según indicó Oscar Zúñiga, de la Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblos Originarios Ranquil, sólo responde a los intereses de los grandes empresarios. “Este es el proyecto del capitalismo, el que exige desde el Imperio a todos los países que se privatice el patrimonio genético. Hoy son los vegetales, mañana serán los animales y luego las algas. Esto va amarrado con la liberación de la transgenia, la ley de biodiversidad y otros beneficios para empresas como Monsanto, Pioneer, Syngenta y otras”.
Zúñiga advirtió que este es un primer paso para la consolidación del cultivo de alimentos transgénicos y que forma parte de una amplia red de iniciativas destinadas a dar un giro de actual modelo económico a favor del brutal lobby que ejercen estas empresas.
La Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Florencia Aróstica, afirmó que, hoy las mujeres están produciendo el alimento en Chile y los hombres se han dedicado a producir para exportar, por lo que las organizaciones de mujeres están atentas a las decisiones del actual gobierno en esta materia.
“El gobierno se escuda en que los proyectos dormían en el Congreso y culpan a la Concertación. Dicen que es un trámite, pero esto le conviene al modelo de potencia alimentaria, y luego estaremos plagados de monocultivo y nuestra agricultura dará paso a convertirnos en un país dependiente”, sostuvo.
La Presidenta de ANAMURI indicó que de concretarse este proyecto las semillas ya no pertenecerían a los campesinos y las comunidades y que los grandes empresarios podrían llevarlos a juicio, por lo que podrían perder todo lo que tienen, acciones que podrían concretarse incluso si el viento se lleva una semilla y esta crece en un predio que no sea de propiedad de las transnacionales.
Por esta razón la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) pedirá hoy una audiencia al Tribunal Constitucional para respaldar la petición que realizaron 17 senadores ante las características inconstitucionales de este convenio.
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