El gobierno de Alan García Pérez sella su salida con sangre. En solo una semana, nueve personas han caído bajas las balas policiales: seis en Puno (sur andino, frontera con Bolivia) y tres en Huancavelica (andes centrales). Y es responsabilidad de gobierno porque son conflictos de muchos años que estallaron hace más de dos meses y todas las voces sensatas del país venían advirtiendo que debían ser atendidos, que debía evitarse otro “baguazo” (masacre en al Amazonía que dejó 33 muertos hace dos años).
Y lo peor de todo: las causas son exactamente las mismas. Es el desconocimiento sistemático de los derechos de los pueblos indígenas en el desesperado afán de expandir el extractivismo neoliberal impuesto hace dos décadas por la dictadura del Alberto Fujimori. Todos los gobiernos que se sucedieron desde entonces han dejado ese modelo intacto. Políticas sociales, tal vez, asistencialismo para la foto. Pero de respeto a los derechos de los pueblos, nada. Pero al extractivismo neoliberal no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
Por eso el número de los conflictos sociales en el Perú ha ido creciendo en progresión geométrica. Porque los gobiernos nunca recurrieron al diálogo para resolver las demandas. Cuando lo hicieron, instalaron mesas con representantes sin poder de decisión y los acuerdos nunca se cumplieron. Porque los gobiernos en el Perú, desde siempre, solo saben responder a las demandas y protestas populares a balazos.
Una respuesta que encarna un racismo centenario. La negación de “los otros” como sujetos de derecho. El privilegio de la acumulación individual sobre la vida. Y los “perros del hortelano”, que “no son ciudadanos de primera categoría” –palabras textuales del Presidente saliente Alan García para referirse a los pueblos indígenas–, que se oponen a este modelo, son simplemente obstáculos que deben ser eliminados.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI condena estas muertes y se une al llamado de todos los sectores sociales que piden juzgar a Alan García y sus ministros por los crímenes de Bagua, Puno, Huancavelica y todos los que se hayan cometido en su gobierno.
La CAOI, además, advierte al próximo gobierno que asumirá el 28 de julio, que los conflictos sociales no se resolverán con asistencialismo, que no es un asunto de limosnas sino de derechos reconocidos nacional e internacionalmente, cuyo ejercicio el Estado está obligado a garantizar. Se trata de un problema estructural, que exige el cambio de un modelo neoliberal extractivista, depredador, saqueador, criminalizador, por uno de equidad, de relación armónica con la naturaleza, de respeto a la vida.
Lima, 27 de junio de 2011.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
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