23 Junio, 2011 - Fuente : radio.uchile.cl, por Macarena Scheuch
En la víspera de que los tribunales resuelvan un recurso de protección, comunidades de la región de Atacama acusaron a la transnacional CGX de financiar enfrentamientos entre los vecinos como estrategia para revertir la oposición al millonario proyecto termoeléctrico, además de gestiones de autoridades municipales y regionales.
El proyecto se realizaría a 80 kilómetros al sur de Copiapó, cerca de Totoral, con una inversión de US$4.400 millones, para producir más de 2.200 megawatts.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en medio de fuertes manifestaciones ciudadanas. En ese entonces se denunciaron irregularidades producidas en el proceso de evaluación, como la recalificación del seremi de Salud de Copiapó de “contaminante” a “molesto” y la evaluación incompleta, ya que no se incluyó en el proceso el puerto de descarga del carbón, indispensable para el funcionamiento de la megacentral.
El abogado Álvaro Toro, que representa a los habitantes de Totoral, explicó que el recurso fue interpuesto en Copiapó y por un tema procesal fue derivado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que está a la espera del informe de Sernapesca para poder comenzar con los alegatos y fallar.
“Sostenemos que ya una vez la Corte de Apelaciones de Copiapó falló la calificación de la termoeléctrica como una industria simplemente molesta y no contaminante, como originalmente había sido calificada. Es una ilegalidad y lo único que estamos esperando es que la Corte de Antofagasta ratifique ese planteamiento. En el transcurso de eso, la empresa, que también se hizo parte en este recurso de protección, tratando de apoyar a la Comisión de Evaluación y al seremi de Salud de Copiapó, ha hecho gestiones numerosas para tratar de convencer, o uno podría decir comprar, a la comunidad agrícola de Totoral para que ésta deje de oponerse al proyecto”, dijo Toro.
Según afirman los vecinos, la empresa CGX, titular del proyecto y de propiedad del multimillonario Eike Batista, ha convocado a asambleas fuera de Totoral ofreciendo directamente dinero a algunos vecinos, para que “den vuelta” la apreciación comunitaria sobre la polémica iniciativa.
Para el jurista, la reunión es ilegal, porque según los estatutos de la comunidad agrícola las citas deben hacerse en esa misma localidad y no fuera de ella, añadiendo que un grupo de comuneros que no viven en Totoral están interesados en recibir algún tipo de indemnización.
La misma opinión manifestó Fabiola Flores, comunera del pueblo de Totoral y representante de la junta de vecinos en la Mesa Social de Atacama, quien acusó que la compañía se esfuerza en dividir a la comunidad ofreciendo beneficios económicos y servicios como salud, energía eléctrica y conectividad telefónica, mientras el Gobierno Regional toma palco y se desliga de su responsabilidad.
Fabiola Flores aseguró que esto es un recurso desesperado de la empresa e hizo un llamado a todos los habitantes de la zona a defender su tierra, haciendo todo lo posible para que la termoeléctrica no se instale.
Por su parte, Juan Carlos Labrín, de la Red Ambiental Norte de Huasco, aseguró que también está al tanto de las reuniones secretas entre algunos comuneros y la empresa y que eso se suma a otras irregularidades: “Un mes y medio atrás nos enteramos que un personaje de la municipalidad de Copiapó también había ido a hacer de intermediario entre los comuneros de Totoral y la empresa, entonces hay varias cosas que se han tratado de gestar para generar mayor aprobación a la termoeléctrica. Ahora, el rechazo continúa: hace una semana se generó una nueva actividad, que era una muestra boxeril a la que acudió mucha gente, que se llamaba ‘Dale un combo a la termoeléctrica’. Y acá en general todas las comunidades estamos muy alerta con ese proyecto”, indicó.
Labrín señaló que en la zona siguen alerta y generando redes entre las comunidades también ante otros proyectos, como la termoeléctrica Punta Alcalde de Endesa, entre otras iniciativas que podrían contaminar la región.
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