Junto con rechazar la nueva estrategia de los empresarios del pino y el eucalipto para que pequeños propietarios siembren estas exóticas especies en sus terrenos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLcA) exigó hoy al gobierno no entregar más subsidios estatales a estas compañías.
La empresarial Corporación Chilena de la Madera (CORMA) reveló los planes de incrementar las plantaciones en tres millones de hectáreas en terrenos que actualmente pertenecen a pequeños propietarios. Frente a esto el OLCA afirmó que “las empresas, mayormente en manos de los grupos Matte y Angellini, tienen alrededor de 2,5 millones de hectáreas de pinos y eucaliptus ya plantados, arrasando con el bosque nativo y las tierras agrícolas que eran el sustento de muchas comunidades campesinas e indígenas. Esto, bajo el amparo de los subsidios antidemocráticos otorgados por el decreto Ley 701 sobre Fomento Forestal, establecido en 1974″.
La organización ciudadana agregó que “las comunas ocupadas por estas plantaciones forestales y las fábricas de celulosa relacionadas, registran los más altos grados de sequía y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país”.
Un reciente monitoreo efectuado por la organización Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, concluyó que en la región de Los Ríos “el catastro de agua evidencia la gravedad de los problemas que está generando la actividad forestal en la población rural. Las comunas de la Región de La Araucanía más afectadas por la carencia de agua son justamente aquellas donde el modelo de desarrollo forestal tiene una mayor influencia en términos de superficie de plantaciones forestales.”
Este tipo de plantaciones extensas de monocultivo ha demostrado que lejos de recuperar los suelos y de detener la desertificación, agota las fuentes de agua, provoca pérdida de fertilidad y acaba con la agricultura. Además de consumir los nutrientes del territorio, el proceso industrial de las plantaciones y de producción de celulosa contamina seriamente el suelo, el agua y el aire por el uso y generación intensiva de elementos tóxicos, siendo los únicos beneficiados de estos procesos destructivos los grupos económicos que lucran con el extractivismo.
Frente a los anuncios de Corma y a la mantención de los subsidios estatales de fomento a la plantación de monocultivos, el OLCA demandó que “se rechace cualquier nuevo subsidio o incentivo estatal para proyectos que destruyen el bosque nativo, sustituyan suelos agrícolas, agoten las fuentes de agua y degraden los suelos”.
Además instó a que “se realicen estudios públicos sobre los impactos de las plantaciones y las plantas de celulosa y se evalúen las consecuencias de los subsidios y las políticas del Estado en estas materias”.
El OLCA también exigió “que se ponga fin al decreto 701 y se transfieran y aumenten los recursos para programas de recuperación real de suelos degradados, fomentando la pequeña agricultura y garantizando la soberanía alimentaria”.
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