El conflicto del pueblo mapuche, en Chile, pone en evidencia uno de los problemas de fondo: cuáles son las prioridades para los regímenes neoliberales.
“Los pueblos originarios siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero suponen el 15% del total de pobres de solemnidad que hay, según la ONU, en el planeta. También representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales.
Es decir, que ser indígena equivale a ser pobre por definición”. Este es un fragmento del texto Pueblos originarios de América, enviado al Correo del Orinoco por el activista Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que nacerá en julio próximo en Venezuela, tiene el reto de dar respuestas a las demandas de los pueblos autóctonos del continente, los cuales han resistido masacres, persecuciones, desplazamiento por conflictos internos y, en la actualidad, políticas neoliberales por parte de algunos gobiernos.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, reza el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas. Para poder hacerlo, necesitan territorio; territorio que no todos los gobiernos -a juzgar por los hechos- están dispuestos a garantizar.
EL CONOCIMIENTO EN LA MIRA
Uno de los puntos de conflicto es el conocimiento indígena, abiertamente apetecido por las trasnacionales. “La región latinoamericana concentra un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta. Son también numerosos los pueblos indígenas que la habitan y que a lo largo de los siglos, han podido generar todo un sistema de conocimiento tradicional y colectivo”, recuerda Nikolas de Laserna, de la OMAL, en un boletín de esta organización.
El neoliberalismo es un modelo económico “tremendamente destructor de biodiversidad”, ya que potencia “un mercado internacional sin ningún tipo de trabas ambientales” y mercantiliza territorios, denunció Erika González, investigadora de OMAL, en el seminario “¿Por qué perdemos biodiversidad?”. Si los pueblos indígenas habitan estas zonas desde hace siglos, es esperable -dentro de esa lógica- que los regímenes neoliberales vean a las comunidades autóctonas como una suerte de estorbo.
DOS CASOS: COLOMBIA Y CHILE
La ley de reparación de las víctimas del conflicto en Colombia, avalada por la Organización de las Naciones Unidas, puede ser un arma de doble filo para los pueblos indígenas. “Con la bendición ahora del Sistema de Naciones Unidas de Colombia, en el Estado cuyo nombre rememora a Cristóbal Colón siguen dándose los pasos hacia el genocidio perfecto”, denunció Bartolomé Clavero, catedrático de la Universidad de Sevilla.
La normativa, escribe Clavero “proclama retóricamente objetivos de reparación, restitución y reconciliación, crea un régimen especial para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes expulsados de sus territorios poniendo los medios para que éstos no se recuperen en su integridad como lo que fueran antes del desplazamiento forzoso, territorios de pueblos y de comunidades”. De paso, añade, “la ley de víctimas sirve para exculpar al Estado y exonerar a las empresas”.
En Chile el pueblo mapuche se mantiene en pie de lucha. La semana pasada, la Comisión Ética contra la Tortura denunció que en la nación austral se reprime a este grupo indígena, el cual mantiene la lucha por sus territorios contra empresas agrícolas y forestales. Tal como lo reseñó la agencia EFE, hay 62 indígenas presos o procesados, de los cuales 18 cumplen prisión y 44 cumplen medidas cautelares.
Cabe destacar que este año, cuatro mapuches fueron condenados mediante procedimientos orientados por la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Otro tema pendiente para la Celac.
LO QUE DICE LA OIT
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en 1989 un convenio sobre organizaciones indígenas (el 169) que establece, para los gobiernos, la responsabilidad de garantizar que gocen “de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población”; de tomar medidas que “promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones”.
El texto ratifica que los pueblos indígenas “deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. También sostiene que “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.
Igualmente sostiene que deberán “reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales” de estos pueblos. Establece, por otra parte, la consulta a los pueblos “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
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