Frente a una lista de testigos, medios de pruebas con videos, fotografías, acreditaciones y el interés informativo, el ministerio público se desistió de las acusaciones contra la reportera gráfica de Mapuexpress Marcela Rodríguez y a través del fiscal de la causa aplicó el principio de oportunidad que la facultad de no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando el hecho “delictivo” no comprometiere el interés público.
Era el 13 de Mayo del presente año y En Temuco como en diversas localidades del País las protestas en contra de la descarada aprobación de Hidroaysén (Proyectos hidroeléctricos de Endesa y Colbún en la Patagonia) se hacían escuchar y desde el centro de la ciudad cientos de personas se expresaban pacíficamente transitando por las veredas, continuando por la Universidad Católica y prosiguiendo frente al Mall Portal Temuco, epicentro del consumismo y del derroche de energía y justamente, el llamado era a las grandes tiendas del sector, al casino de Temuco a tomar conciencia y también a la ciudadanía que se define como consumista.
Marcela Rodríguez, psicóloga de profesión y colaboradora de Mapuexpress, tomaba registro de la manifestación pacífica de la ciudadanía y llegó a eso de las 20.30 horas las Fuerzas especiales de carabineros, con carro lanza aguas, mojando a los asistentes, cortando el tránsito, sitiando el lugar, atentando contra el derecho de reunión y de manifestación y en eso varios agentes estatales represivos de Carabineros comenzaron con detenciones arbitrarias y algunos de ellos con malos tratos hacia los manifestantes. Violencia policiaca y una de sus víctimas, la reportera Rodríguez.
Ese día, Marcela fue violentamente detenida por agentes de fuerzas especiales de carabineros, llevada a la comisaría, dejada toda la noche en calabozo y trasladada con esposas al tribunal para la formalización por “desordenes públicos” y enfrentando diversas situaciones de abuso y maltrato. La profesional enfrentaba un juicio hoy miércoles 22 de junio desde las 11 horas bajo una ilegal imputación por “desordenes públicos” por obstrucción del tránsito peatonal y vehicular y “tirar piedras a Carabineros”, arbitrarias imputaciones que involucraban a la reportera y a otros jóvenes que fueron aprehendidos por carabineros con similares características.
La reportera, acompañada de los abogados defensores Christian Dulansky y Jeantette Seguel, se preparaban para la audiencia junto a una lista de testigos, incluyendo a un miembro del directorio del Colegio de periodistas, Miguel Navarrete, director de la agencia periodística Aldea Comunicaciones quien conoce la labor informativa del medio y de la reportera, junto a una serie de testigos que evidenciaron la arbitraria detención. Se acompañaban diversos medios de pruebas como fotografías y registros audiovisuales y la acreditación de diversos organismos locales e internaciones por la libertad de expresión y al inicio, el fiscal en representación del Ministerio Público aplicó el principio de oportunidad desistiendo de toda persecución penal en contra de la profesional, medida que también consideró a los demás imputados por la misma causa.
Son las paradojas de los organismos estatales, por una parte la brutalidad de ciertos agentes estatales con montajes y falsas imputaciones frente a lo cual la defensa pretendía proseguir con un juicio y obtener justicia, y por otra, un ministerio público que desiste, donde el daño ya estaba hecho en el marco de la represión y la criminalización.
Tanto la defensa como la reportera mostraron conformidad con la medida lo que deja en evidencia el abuso cometido, la desproporción y las falsedades en las gratuitas imputaciones que atentaron contra los derechos humanos a la información, comunicación y expresión, por lo que no se desestiman futuras acciones para la obtención de una justicia plena.
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