En Temuko, Wallmapuwen manifestó que la rebaja de condenas "no resuelve el problema de fondo relacionado con la falta de garantías judiciales para el debido proceso para el caso de los militantes mapuche, a los cuales se les lleva adelante verdaderos juicios políticos". También se pronunció directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que solo rebajó las condenas a los cuatro líderes mapuche procesados por el presunto ataque al fiscal Mario Elgueta, el resultado no dejó conforme a diversos del movimiento mapuche y del mundo de los derechos humanos.
En Temuko, el Partido Mapuche "Wallmapuwen" manifestó que tal rebaja "no resuelve el problema de fondo relacionado con la falta de garantías judiciales para el debido proceso para el caso de los militantes mapuche, a los cuales se les lleva adelante verdaderos juicios políticos de carácter punitivos y de escarmiento", señaló la colectividad.
"A nuestro juicio, el reciente fallo de la Corte Suprema viene a confirmar que dichas condenas estaban marcadas por una evidente falta de garantías procesales y la utilización de 'herramientas legales' propias de una dictadura, como es la Ley Antiterrorista", subrayó Wallmapuwen. "Es tan cierta esta afirmación que incluso los tribunales militares absolvieron a estos cuatro militantes en el mismo caso por el cual la Corte de Apelaciones condeno a más de 20 años y por el cual la fiscalía pedía presidios de más de 100 años", indicó.
La colectividad nacionalista hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales del Wallmapu y de Chile en orden a avanzar "no sólo en la normalización democrática del estado chileno, exigiendo como una demanda común la derogación de la Ley Antiterrorista y la libertad de aquellos que han sido condenados, sino también a demandar alguna forma de control y castigo a la figura inquisidora del fiscal que impida que estos personajes actúen con la impunidad y prepotencia propia de los sheriff del lejano oeste".
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, lamentó el fallo pronunciado esta tarde por la Corte de Suprema, el que no obstante haber rebajado las penas originales, no acogió el recurso de nulidad interpuesto por las defensas de los cuatro comuneros mapuche condenados en el juicio oral celebrado en la ciudad de Cañete.
“Nos parece grave lo que ha ocurrido hoy, más aún si se considera el estado de salud crítico en el que se encuentran luego de 80 días de huelga de hambre”, enfatizó Fríes añadiendo que “hoy día el mundo entero tiene puesto sus ojos sobre Chile y sobre el trato que le damos a nuestros pueblos originarios”. Agregó al respecto que “si bien a los comuneros no se les aplicó la Ley Antiterrorista sí se utilizaron los mecanismos que establece esta ley para acusarlos; en este juicio se utilizaron testigos encubiertos, entre otras materias, para inculparlos y eso debe terminar”.
Por tal motivo, continuó, “hoy más que nunca se debe modificar la Ley Antiterrorista y los procedimientos de la misma, por eso hace algunas semanas entregamos al Ministro Segura, integrante de la Sala resolutoria, un conjunto de elementos en materia de estándares internacionales y de derecho comparado sobre las condiciones que debe cumplir una ley de este tipo, para, entre otras cosas, garantizar el derecho a un debido proceso”, explicó Lorena Fríes. Sobre este punto, indicó que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos cree firmemente que la Ley Antiterrorista no reúne los estándares internacionales en torno a la definición de terrorismo, a las conductas que allí se establecen y a los elementos procesales, los que no permiten asegurar un juicio justo”, agregó.
En ese sentido, Fríes enfatizó que esta ley ha sido objeto de reiteradas críticas y observaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos, por lo que “los ojos del mundo están puestos sobre nuestro país y no reformarla implica que Chile incumple los compromisos que ha asumido con la comunidad internacional”. Respecto a la situación en la que hoy se encuentran los comuneros mapuche quienes llevan 80 días de huelga de hambre, la directora del INDH aseguró que “están en una situación límite y el Gobierno debe sentarse a conversar con ellos si no quiere tener la responsabilidad de una muerte en este periodo”.
En Temuco, el senador Jaime Quintana (PPD) calificó de "insuficiente" la decisión de la Corte Suprema de acoger parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa de los cuatro comuneros mapuches condenados por el atentado al fiscal Mario Elgueta, que se mantienen en huelga de hambre según anunciaron sus familiares. "Si bien este fallo demuestra que está llegando la hora final de la ley antiterrorista, ha sido suficiente", indicó el senador, quien sostuvo que "la ley antiterrorista, nacida en dictadura, se ha transformado en la nueva 'ley maldita' del país".
Por este motivo, afirmó que "el mundo político y el gobierno tienen que hacer las modificaciones que correspondan" ya que "sólo cuando se acabe la ley antiterrorista quienes defendemos los derechos humanos podremos celebrar". Esta mañana el senador, junto al médico Juan Carlos Reinao, visitó en el hospital de Victoria a los cuatro mapuches, que están en ayuno hace 80 días. En la oportunidad, el médico indicó que éstos presentan ritmo cardiaco irregular, hipotensión y una desnutrición severa. El más grave sería Héctor Llaitul, que ha bajado más de 22 kilos.
En tanto, los diputados DC por La Araucanía Fuad Chahín, René Saffirio y Mario Venegas dijeron que respetaban el fallo de la Corte Suprema y llamaron a "dejar atrás la estigmatización del pueblo mapuche" y "asumir con urgencia las deudas pendientes" con ese sector de la sociedad. "Creemos que comienza a imponerse el imperio del derecho y que el complejo escenario que se está viviendo en materia indígena puede comenzar a despejarse y avanzar hacia un nuevo trato, terminando con el estigma y el prejuicio de ser calificados como terroristas", sostuvo Chahín. En tanto, Mario Venegas dijo esperar que "se produzcan los espacios de diálogo reales para avanzar en las deudas pendientes, no sólo en materia de recuperación de tierras, sino en todas aquellas políticas públicas que se requieren para terminar con la pobreza que afecta a las comunidades mapuches".
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