Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, explica las primeras gestiones que realizará la instancia creada para terminar con la huelga de hambre de los comuneros. Como segunda meta se buscará un posible indulto para los 4 condenados.
Sábado 11 de junio de 2011 | País / Claudio Leiva Cortés / Fuente: Nación.cl
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, explicó que la Comisión de Defensa de Derechos del Pueblo Mapuche tiene como objetivo reformar la Ley Antiterrorista “para que no sea aplicada nuevamente a los comuneros”, según dijo la personera.En segundo lugar, añadió Fríes, la instancia verá la factibilidad de un indulto para los cuatro comuneros que estaban en huelga de hambre en protesta por las condenas que recibieron en el marco del atentado contra el fiscal Mario Elgueta, ocurrido en 2008.
Será integrada por Fríes y por el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali; el obispo auxiliar de esa ciudad, Pedro Ossandón; el alto comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Américo Icalcaterra; el miembro de la Pastoral indígena, Fernando Díaz, y los familiares de los mapuches, Natividad Llanquileo, Millaray Garrido y Pamela Pezoa.
PUENTES CON EL GOBIERNO
Consultada por la posibilidad de un indulto, Fríes dijo que “no está descartada, pero el eje de las conversaciones con los comuneros tuvo como objetivo la idea de reformar la Ley Antiterrorista, para que no sea aplicada a otros mapuches, y la demanda del pueblo mapuche sobre derechos territoriales y políticos”.
Agregó que el Instituto buscará generar los puentes con el gobierno y el Congreso para una modificación a la Ley Antiterrorista.
Recalcó que el año pasado hubo avances, pero no fueron suficientes para adecuarse a estándares internacionales sobre Derechos Humanos, especialmente en lo que se refiere al uso de testigos protegidos en los juicios.
Fríes añadió que “existe más conciencia de que no lo estamos haciendo bien con el pueblo mapuche, porque no puede ser que en las dos regiones donde vive mayoritariamente este pueblo sean las que registren la mayor aplicación de la Ley Antiterrorista. Eso es notoriamente una discriminación”.
El jueves en la noche, Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo pusieron fin a la huelga de hambre que mantuvieron durante 87 días, en protesta contra el juicio oral de Cañete, que los condenó a más de 20 años por el atentado al fiscal Mario Elgueta. Posteriormente, la Corte Suprema rebajó las penas a entre 8 y 14 años de cárcel.
Los cuatro condenados deberán permanecer en el Hospital de Victoria hasta que recuperen al menos 10 kilos cada uno antes de regresar a la cárcel de Angol. En este lugar de reclusión esperarán el desarrollo de los acontecimientos.
Lorena Fríes dijo que si bien el gobierno no está incluido en la Comisión, “esperamos que acoja el llamado a reformar la Ley Antiterrorista para que no vuelvan a suceder estos problemas con los comuneros mapuches. La pelota está en la cancha del gobierno”.
HINZPETER RESPONDE
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, respondió que “los países requieren de una legislación antiterrorista adecuada para combatir ese flagelo cuando llegue y con las herramientas necesarias por si llega”.
En ese sentido, dijo que debe haber un “equilibrio” entre lo que los comuneros exigen y lo que la sociedad necesita. “El Gobierno ha estado dispuesto siempre a conversar de un modo muy distinto con el pueblo mapuche y ellos lo saben y vamos a seguir conversando con ellos, porque para nosotros el diálogo con ellos es muy importante. Pero también vamos a cuidar a todo el país, porque los otros chilenos también son importantes”, recalcó.
Agregó que el Ejecutivo espera crear un nuevo trato con los pueblos originarios, que abarque una agenda amplia sobre tierras, educación, respeto por sus culturas, tradiciones e idioma. “También podemos abordar temas legislativos, no hay ningún problema”, añadió Hinzpeter.
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