Director del Observatorio Ciudadano denunció que se está haciendo caso omiso a un tratado internacional de DD.HH. al establecer además penas altísimas, que alcanzan el cuarto de siglo en el caso de Llaitul. Defensora Nacional también cuestionó el uso de la Ley Antiterrorista. Comuneros continúan en huelga de hambre en la cárcel de Angol.
Por Paula Correa y Raúl Martínez - Temuko, País Mapuche - 26 / 03 / 11 / Fuente: Azkintuwe
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| Foto: Pablo Díaz |
Distintas reacciones han surgido ante el fallo del Tribunal de Cañete, que condenó a 25 y 20 años a cuatro comuneros vinculados al ataque al fiscal Mario Elgueta, entre los que destaca el sindicado líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul Carillanca. El abogado y codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, se refirió a la aplicación de la Ley Antiterrorista a lo largo del proceso y la condena por delitos comunes “graves”:
“En este caso quedaron desvirtuadas las imputaciones de delitos terroristas que por tanto tiempo se utilizaron para perseguir a los mapuche por hechos de protesta social. Sin embargo, las penas son tremendamente elevadas que no se condicen con la gravedad de los hechos ni tampoco con los lineamientos del Convenio 169, que establece claramente que la justicia debe preferir penas diferentes al encarcelamiento”, señaló.
José Aylwin denunció que se está haciendo caso omiso a un tratado internacional de DD.HH. al establecer además penas altísimas, que alcanzan el cuarto de siglo en el caso de Llaitul. Un juicio que fue sumamente esperado por los mapuche, ya que marcaría una señal del gobierno hacia los comuneros después del largo ayuno que sostuvieron el 2010 exigiendo un justo proceso.
Sin embargo, Aylwin advirtió que no se está dando una buena señal y que es de esperar que se agudice el conflicto: “No es un mensaje de justicia, es un mensaje de castigo, que contrasta marcadamente con la impunidad en que quedan los delitos de homicidio de defensores de derechos mapuche. Lamentablemente algunos sectores interpretan que estos hechos deben ser contestados y eso genera espirales de mayor conflictividad. Estos son mensajes equívocos del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche”, dijo.
En la jornada de ayer se registraron nuevas barricadas y cortes de camino en rutas de La Araucanía en señal de protesta y una treintena de comuneros realizó también la toma de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en pleno centro de la plaza de Cañete, instancia en la que Natividad Llanquileo, vocera de los presos, hizo un llamado a la Iglesia Católica a pronunciarse sobre esta situación. Dicha ocupación fue depuesta la tarde de ayer viernes de manera pacífica.
Mientras, continúa la huelga de hambre de los cuatro comuneros condenados, ahora en la cárcel de Angol, la que mantienen hace más de una semana y por lo cual ya han bajado varios kilos de peso.
Irregularidades en la sentencia
Hasta el viernes 1 de abril tiene plazo la defensa de los cuatro comuneros para presentar el recurso de nulidad del juicio realizado en la ciudad de Cañete. Victoria Fariña, abogada de Jonathan Huillical, sostuvo que llama la atención una serie de elementos que contiene la sentencia de 389 páginas, donde además se da cuenta de la violación de varias garantías al debido proceso.
Fariña indicó que uno de estos puntos es el absoluto celo con el que intentó manejar la información el Ministerio Público obstruyendo de esa manera el trabajo de la defensa. “Nosotros no tuvimos acceso a saber quiénes eran los testigos protegidos, es decir, cuáles eran las declaraciones que les correspondían y que señaló el Ministerio Público porque nunca nos entregaron los nombres hasta después de un reclamo presentado ante la Fiscalía regional”, denunció Fariña.
El documento de la sentencia demuestra el alto valor probatorio que se otorga al testigo protegido 26, quien resultó ser un co-imputado al que la fiscalía premió con el objetivo que declarara en contra de los comuneros sometidos a proceso y en especial contra los cuatro que fueron condenados. Victoria Fariña agregó que le preocupa también que la sentencia señale que no fueron acreditadas en su momento las torturas a las que fue sometido por funcionarios de la PDI su defendido Jonathan Huillical.
“Durante la audiencia preparatoria, que es el momento en el que se ofrecen las pruebas, las evidencias fueron excluidas por parte del juzgado de garantía. Además son los propios funcionarios de la PDI los que declaran que aparecía con lesiones en sus oídos y que son, a juicio nuestro, compatibles con un método de tortura denominado como El teléfono”, dijo la abogada.
Fariña sostuvo que en los próximos días redactarán los fundamentos para la presentación del recurso de nulidad el que podría demorar el trámite hasta el próximo jueves, ya que advirtió que son muchos los aspectos en que se pasaron a llevar las normas del debido proceso. El próximo lunes el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga junto a diversos representantes políticos y sociales se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para manifestarle su preocupación respecto de este caso.
La Defensora Nacional Pública de Chile, Paula Vial, criticó el uso de testigos sin rostro utilizados en el juicio de Cañete. Según Vial, se trata de "instrumentos que afectan el debido proceso y que hacen imposible la defensa". En la misma línea, calificó de "inadecuado" que este recurso sea relevante en la aplicación de una condena. Asimismo, reconoció que existe discriminación en la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y a su vez, comprometió su apoyo en el recurso de nulidad que presentarán ante la Corte Suprema.
* Gentileza Radio Universidad de Chile / http://radio.uchile.cl
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