Intensas discusiones se desarrollan estos días al interior del Congreso sobre el modo en que deberá llevarse a cabo el procedimiento de consulta que establece el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas. Para esta semana se espera que el Senado defina dicho mecanismo, para cumplir con los parámetros establecidos en el Convenio.
“Hay que recalcar que cualquiera sea la fórmula que se decida, debe estar inspirada en las recomendaciones del relator especial para pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, y contar con la participación de los pueblos indígenas”, señala Pedro Mariman, coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano.
Por José Luis Vargas, Observatorio Ciudadano, martes 15 de marzo de 2011
El coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Mariman, analizó la discusión que se debate en el Congreso respecto a cómo propiciar la participación de los pueblos indígenas mediante mecanismos de consulta, tal como establece el Convenio 169 de la OIT.
Al interior de la Comisión de Constitución se analizan las distintas propuestas que buscan cumplir con los parámetros establecidos en este tratado internacional. Hasta ahora distintos senadores han dado su opinión sobre cómo se debería encausar y construir este instrumento. En el caso de la senadora Soledad Alvear, ésta es partidaria de crear una comisión especial dentro del Congreso, mientras que el senador Alberto Espina señala que las consultas solamente atañen al poder ejecutivo.
Sin embargo, “lo que devela la opinión de ambos, es que no se ha tenido en consideración adecuadamente las recomendaciones que formulara el relator James Anaya en el año 2009”, sostiene Pedro Mariman.
El profesional del Observatorio añadió que de acuerdo al Convenio 169, específicamente en relación a quién y cómo se consulta, el relator Anaya señaló que ello “corresponde en materias legislativas al congreso. Este órgano, que fundamentalmente tramita las leyes, tiene la obligación primera de consultar a los pueblos indígenas. No obstante el poder ejecutivo también puede hacerlo, pero la primera obligación le corresponde al congreso”, señaló Mariman refiriéndose a lo recomendado por el relator de pueblos indígenas sobre temas de consulta y participación.
Mariman aclara que “si se toman medidas administrativas le corresponden al poder ejecutivo consultar, y si se tramitan leyes, le corresponde al congreso”, y luego agrega, “James Anaya menciona que la constitución de un órgano particular que se encargue de realizar las consultas, puede ser una comisión especial. Hay que recalcar que cualquiera que sea la fórmula que se decida, tiene que ser con participación de los pueblos indígenas”, explica el profesional.
Ante los anuncios realizados la semana pasada por el Ministro de Mideplan, Felipe Kast, sobre la realización de una gran consulta donde se agruparían temas como el texto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la creación de una Agencia de Desarrollo Indígena que reemplace a Conadi y un mecanismo de consulta propiamente tal. Mariman, no obstante, sostiene que “son temas de naturaleza distinta, y que no necesariamente tienen que ir expresados en una sola consulta. Se podría confundir la opinión de los pueblos indígenas”, detalló.
Junto con dar a conocer que las organizaciones indígenas valoran la iniciativa, advierte que éstas se mantienen atentos a lo que se decida y que se respete lo señalado por el relator. “Pues Anaya señala aspectos que son de suma relevancia para los pueblos indígenas, y antes de realizar consulta lo que debe estar definido es el mecanismo de la consulta, a modo de ganar confianza entre los actores, es decir, entre las organizaciones y el gobierno. En innumerables ocasiones las organizaciones del movimiento han pedido que se formule esa consulta, esto es, la consulta sobre la consulta. Luego de eso, los procesos que se lleven a cabo gozarían de mayor legitimidad”, concluyó Mariman.
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