15 Marzo, 2011 - Fuente : http://radio.uchile.cl, por Paula Correa
Victoria Fariña, defensora de uno de los cuatro mapuche que iniciaron una nueva huelga de hambre por los resultados del juicio de Cañete, justificó la medida de presión e indicó que es una respuesta coherente a las irregularidades que se presentaron durante el proceso como la presencia de testigos protegidos y la invocación de la Ley Antiterrorista.
Este martes cuatro comuneros mapuche informaron que iniciarían una nueva huelga de hambre para exigir una serie de demandas derivadas del extenso juicio de Cañete, que terminó por condenar a Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillacal por atentado a la autoridad y robo con intimidación, por la investigación del ataque al fiscal Mario Elgueta.
Con este nuevo ayuno los mapuche exigen la nulidad del Juicio de Cañete, para ser juzgados con un debido proceso y un juicio justo que no cuente con testigos secretos ni la aplicación de la Ley Antiterrorista, y ser juzgados por un tribunal competente e imparcial.
Previamente, Natividad Llanquileo, vocera de los presos, había enfatizado en el programa A Fondo de Radio Universidad de Chile las precarias condiciones carcelarias en Lebu, señalando que lo más probable era que se desencadenara una nueva huelga, ante la grave calificación y la sobredimensión que se le da a los delitos.
Sin embargo, Llanquileo reconoció que “la única herramienta que tienen los presos para hacer valer ciertos derechos es una huelga de hambre. Lamentablemente es lo único que hay porque si se pudiera hacer otra cosa se haría” y agregó que “una huelga de hambre tiene muchos costos y es muy difícil llevarla a cabo, tanto para los mismos presos como para los familiares. Es una decisión bastante complicada, pero no están dispuestos a pasar 20 años en la cárcel”.
Estos cuatro dirigentes mapuche participaron también de la movilización del año pasado, donde el ayuno se prolongó por 81 días hasta octubre de 2010 y que finalizó luego de un acuerdo con el Gobierno para recalificar los delitos en el marco de la Ley Antiterrorista.
Y pese a que el Ejecutivo cumplió su parte, esta ley se utilizó durante todo el juicio de Cañete que, según denunciaron los propios mapuche y corroboraron los observadores internacionales, fue altamente irregular en aspectos como la prisión preventiva y la exposición de los testigos protegidos.
“Es un ejercicio legítimo que están asumiendo hoy los acusados. Estamos próximos a la lectura de sentencia el 22 de marzo. No sabemos cuáles son las penas a las que se les va a condenar. Claramente desde el día del veredicto manifestamos como defensa que durante el juicio hubo varias infracciones al debido proceso y a las garantías constitucionales y esa es una de las principales motivaciones para asumir hoy una huelga”, afirmó la abogada defensora de Jonathan Huillical, Victoria Fariña.
Durante la mañana del miércoles la abogada realizará una visita al penal de Lebu para constatar en terreno las condiciones en la que están los comuneros, los que han exigido su traslado a la cárcel de Angol, para contar con condiciones carcelarias dignas.
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