Organizaciones indígenas, de derechos humanos, abogados y familiares de los sentenciados expresaron expresaron su disconformidad con el fallo que otorga 25 años de cárcel Héctor Llaitul.
Miércoles 23 de marzo de 2011 | Actualizada 21:34 | País / Fuente: La Nación
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| Foto de Archivo / Azkintuwe |
El abogado defensor de Héctor LLaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los imputados.
Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, “lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa”.
Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de “muy grave”, por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.
Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos.
En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.
ORGANIZACIONES SE MANIFIESTAN
El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de “desproporcionadas y excesivas”, considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como “de falta de imparcialidad”.
Agregan en su declaración pública que lo anterior “contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país”.
En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.
Mientras que la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche ayer condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política.
Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.
Kintrüy
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