Luego que se conocieran las altas condenas que se aplicaron en el juicio de Cañete y que, en algunos casos, ascienden hasta 25 años, los abogados defensores de los comuneros mapuche aseguraron que presentarán un recurso de nulidad ante la Corte Suprema por las innumerables irregularidades que existieron en el proceso.
Paula Correa Martes 22 de marzo 2011 21:45 hrs. / Fuente: radio.uchile.cl
Después de más de tres meses de expectación se conoció la condena de los cuatro comuneros mapuche sentenciados por atentado a la autoridad y robo con intimidación en el marco de la investigación por el supuesto ataque al fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008 en Tirúa.
Héctor Llaitul sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue condenado a 20 años de presidio efectivo: 10 años por robo con intimidación al agricultor Santos Jorquera y 15 años por el cuasi delito de homicidio en la llamada “embosca de aniquilamiento”.Mientras, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillicall, miembros de la coordinadora también, recibieron 20 años: 5 años y un día por el robo y los mismos 15 años por el ataque al fiscal.
La pareja de Héctor Llaitul, Pamela Pesoa, indicó que esta noticia responde a lo que se había esperado, ya que el proceso sólo busca condenar de manera ejemplificadora y con altas penas a figuras de fuerte participación política en organizaciones que han insistido en la lucha por la recuperación territorial.
“Era lo que habíamos esperando porque se trató de un juicio político. La justicia no existe en Chile para el pueblo mapuche sobre todo. Si bien este juicio duró tres meses, fue alargado artificialmente por el Ministerio Público para hacer creer a la ciudadanía que estuvo entregando pruebas. Lo cierto es que no hay ninguna evidencia científica, ninguna prueba objetiva para haber llegado a esta condena”, afirmó Pesoa.
Por su parte, la abogada defensora de Jonathan Huillical, Victoria Fariña, insistió en que hubo una grave transgresión al debido proceso ya que “se consideraron pruebas amparadas en la Ley Antiterrorista, en circunstancias en que la sentencia dice que aquí no hubo terrorismo”.
Fariña comentó además que “hay otras situaciones como la imparcialidad del tribunal, adulteración de pruebas, derecho a una investigación racional y justa, que se hayan considerado declaraciones de mis representados y que fueron obtenidas bajo tortura, en fin, hay un sin número de infracciones a las garantías constitucionales”.
Respondiendo a peticiones de la defensa, los comuneros fueron trasladados del penal de Lebu a la cárcel de Angol para asegurar condiciones carcelarias dignas. Además, Pelayo Vial abogado de la Defensoría Penal Pública anunció que recurrirán a la Corte Suprema para presentar un recurso de nulidad.
“Vamos a intentar la nulidad y que el recurso sea conocido por la excelentísima Corte Suprema por varios motivos: el uso de testigos secretos, el desorden en la causa, el uso de personas que podrían haber sido imputadas y que aparecieron como testigos. Por lo tanto, creemos que existen diversas irregularidades que deben ser consideradas por la Corte Suprema, toda vez que consideramos que el juicio atenta contra el debido proceso”, precisó el jurista.
Para presentar esta acción la defensoría tiene diez días a contar de hoy y de no obtener resultados, el abogado reiteró que llegarán incluso a cortes internacionales, asegurando que el proceso no se realizó conforme a los estándares mínimos. En este sentido, Pelayo Vial recordó también que el Estado Chileno ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que este irregular proceso judicial sólo viene a ratificar esas condenas.
Una opinión similar tiene el abogado y co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, quien indicó que “lo cierto es que en este caso quedaron desvirtuadas las imputaciones por delitos terroristas que por tanto tiempo se utilizaron para perseguir a los mapuche por hechos de protesta social. Sin embargo, las penas por las que se condenan son tremendamente elevadas y no se condicen con la gravedad de los hechos ni con las directrices del Convenio 169 que establece que la justicia debe preferir penas diferentes al encarcelamiento”.
José Aylwin denunció que aquí se está haciendo caso omiso a un tratado internacional de derechos humanos al establecer además penas altísimas que alcanzan el cuarto de siglo en el caso de Llaitul.
Un juicio que fue sumamente esperado por los mapuche ya que marcaría una señal del gobierno hacia los comuneros después del largo ayuno que sostuvieron en 2010 exigiendo un justo proceso.
En este sentido, Aylwin sostuvo que lo sucedido en Cañete “no es un mensaje de justicia sino que de castigo que contrasta marcadamente con la impunidad en la que quedaban los delitos de homicidio de los defensores de derechos mapuche y lamentablemente estos hechos son interpretados por algunos sectores como que deben ser contestados y eso genera espirales de mayor conflictividad. Estos son mensajes equívocos del Estado al pueblo mapuche”
Durante la jornada del martes se levantaron barricadas y cortes de camino en la ruta en señal de protesta y una treintena de comuneros realizó también la toma de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en pleno centro de la plaza de Cañete, instancia en la que los voceros de los presos, Natividad Llanquileo, hizo un llamado a la Iglesia Católica a pronunciarse sobre esta situación.
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