Diversas organizaciones indígenas, de derechos humanos, abogados y familiares de los comuneros mapuche condenados, expresaron su decepción ante un fallo que califican como una condena excesiva, pese a que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas. Fallo contrasta con la impunidad en que han quedado delitos graves, como el crimen policial de jóvenes mapuche.
Por Elías Paillán - Cañete, País Mapuche - 23 / 03 / 11 - Fuente: Azkintuwe
Diversas reacciones de rechazo -tanto de familiares, abogados, así como de organizaciones de derechos humanos e indígenas- se produjeron tanto en Chile como en el extranjero ante las duras penas a 25 y 20 años de prisión que dictaminó ayer el Tribunal Oral de Cañete respecto de cuatro comuneros mapuche integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco.
Lo anterior, producto de la aplicación de la ley antiterrorista, que permite una serie de irregularidades al debido proceso; como el uso de testigos secretos, interceptaciones telefónicas, incomunicación de imputados, mayor atribución a los fiscales y a las policías, existiendo incluso denuncias de aplicación de torturas para obtener testimonios incriminatorios, como se dio cuenta por parte de testigos encubiertos de la fiscalía en el contexto de este juicio oral. Es por ello que los abogados defensores han anunciado que solicitarán a la Corte Suprema la nulidad del juicio.
Familiares: “ellos están firmes”
Natividad LLanquileo, vocera de los comuneros, tras reunirse con su hermano condenado, Ramón Llanquileo, expresó que “ellos están tranquilos, con mucha fuerza y ganas de seguir luchando. No están de rodillas como los quieren ver y estén donde estén, van a seguir luchando”. Hizo además un llamado a la iglesia a pronunciarse, debido al conocimiento que tienen respecto de las irregularidades que se cometieron a lo largo de este juicio, lo que gatilló finalmente las altas condenas.
En cuanto al condenado José Huenuche -quien es padre de dos hijas, de 2 y 5 años-, en la audiencia estuvo presente su madre, Juana Reiman Reuca de la comuna de Lumaco, quien criticó la sentencia señalando que “es tan mala, que ni siquiera los jueces leyeron las razones del por qué lo acusan. Si él no ha matado, no ha hecho nada y lo acusan injustamente, es una señal clara de que estamos frente a un mal fallo”, expresó con voz firme y actitud serena.
Por su parte Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, agregó que hechos como estos solo pasan en Chile, donde no hay estado de derecho para quienes no tienen recursos. “Para la gente pobre y oprimida, no existe estado de derecho, y por lo tanto aquí se abusó y se va a seguir abusando de la gente, mientras no haya mayor denuncia y lucha”. Hizo un llamado a su vez a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que sigan apoyando, sobre todo ahora, que los condenados se encuentran en huelga de hambre y han tomado la decisión de continuarla hasta que hayan cambios.
Pezoa, tras el término de la audiencia pudo entrar y conversar brevemente con su marido, y aunque confiesa que “entré con mucha pena (sollozos), ellos estaban con ánimo, con actitud, la misma que han tenido todo este tiempo y en realidad se nos aplacó todo al verlos a ellos”. Consultado respecto de sus hijos y cómo recibirán esta triste noticia, expresó que “ellos son también parte de este proceso de lucha mapuche, ellos han nacido y crecido en la comunidad y han acompañado a Héctor en las reuniones, en las ceremonias y van a seguir creciendo también como luchadores mapuche”.
Presente también en la audiencia estaba Eduardo Painemil, de la comunidad Pascual Coña e imputado por incendios a cabañas cerca del Lago LLeulleu, pero absuelto en esta causa y en libertad tras 18 meses preso en la cárcel de Lebú. Painemil denunció que ahora están siendo perseguidos en el campo, “nos siguen los policías y estamos siendo investigados, parece que no hemos salido de la cárcel”, acusa. Denunció además que constantemente es perseguido por las calles, como cuando viajó a Temuco, donde todo el tiempo me fueron cuidando carabineros de civil. Por lo mismo, dice sentirse intimidado, junto a su esposa e hijo de tan solo 6 años.
A la Corte Suprema
El abogado defensor de Héctor LLaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los comuneros. Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, “lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa”. Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de “muy grave”, por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.
Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos. En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.
Hasta el cierre de la presente edición y pese a que Monseñor Pedro Ossandón hizo un llamado a que los comuneros depusieran la toma, los familiares de los presos políticos mantenían ocupada la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañete. Natividad Llanquileo señaló que la Iglesia no se ha puesto en el lugar de ellos. “La iglesia siempre ha dicho que hay que ponerse en el lugar de los demás y al parecer, en el caso de él (Monseñor Ossandón), en particular, yo creo que no lo está haciendo debería ponerse en el lugar nuestro, nosotros hemos sido respetuosos y entramos de forma pacífica a la Iglesia, no hemos hecho ningún destrozo”, precisó la portavoz.
En relación a las penas a las que fueron sentenciados los comuneros y la política de puertas abiertas que ha tenido la Iglesia Católica, el administrador apostólico de la Santísima Concepción indicó que “comprendía el dolor de las familias y los comuneros”. Frente a este tema, Monseñor Ossandón sostuvo que “nosotros desde que supimos de esta lamentable acción, de los familiares y amigos de los comuneros mapuches condenados ayer, en relación a la toma de nuestro templo parroquial de nuestra Señora del Carmen de Cañete los hemos recibido con mucho respeto porque son personas que están sufriendo”.
Respecto a esta invitación de parte de Ossandón, Llanquileo señaló que no se van a quedar tranquilos esperando que sus familiares o las personas que ella representa se queden 20 años en la cárcel sin hacer nada. Según Llanquileo, la toma pacífica de la Iglesia Católica de Cañete sigue en curso de forma indefinida. Respecto al traslado de los comuneros a la cárcel de Angol, el abogado de Héctor Llaitul, Pablo Ortega dijo que extraoficialmente se le comunicó que los comuneros ya estaban cumpliendo prisión preventiva en ese recinto penal.
Organizaciones se manifiestan
El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de “desproporcionadas y excesivas”, considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como “de falta de imparcialidad”. Agregan en su declaración pública dada a conocer ayer, que lo anterior “contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país”.
También critica al Tribunal de Cañete, que no tomó en cuenta el artículo 10 del Convenio 169 de la OOT cuyo número 1 señala que: “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; y en el 2 dice: “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. Por lo que espera el un tribunal competente “restablezca el Imperio del Derecho, absolviendo a los imputados o decretando la realización de un nuevo proceso en el que efectivamente se respeten las normas del Debido Proceso”.
En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.
Critican la actitud del Estado chileno que a pesar de numerosas críticas y recomendaciones de la comunidad internacional, incluido de las agencias y de Las comisiones de las Naciones Unidas y del BIT, el Estado chileno persiste en llevar una política agresiva. Del mismo modo solidarizan con los pueblos originarios de Chile, especialmente mapuche cuyas reivindicaciones se articulan a un desarrollo sustentable y justo, en el respeto de los criterios ecológicos; el respeto de las particularidades de las minorías en el seno de una sociedad multicultural ; y a un sistema político y administrativo realmente descentralizado. Finalizan solicitando la libertad de los presos mapuche.
Finalmente la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche ayer condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política. Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.
La OMCT vuelve a señalar que la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuches juzgados por hechos de protesta social ha sido cuestionada, ya que esta ley no garantiza adecuadamente el debido proceso porque, entre otras, establece una elevada penalidad, que en varios casos duplica la penalidad establecida en la legislación ordinaria. Del mismo la OMCT llama al gobierno de Chile a que cese todo tipo de represión y de violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales contra los miembros de la comunidad mapuche y contra las personas que apoyan la causa mapuche en la defensa de la tierra, finalizan.
El INDH es un organismo estatal autónomo, creado por Ley 20.405 del 24/11/2009, que tiene entre sus funciones elaborar un Informe Anual Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, en donde formula recomendaciones a los órganos del estado para el debido respeto y cumplimiento de las obligaciones de Derechos Humanos.
