La Justicia chilena ordenó a la Fiscalía revelar a la defensa los nombres de los dieciséis testigos "sin rostro" que comparecerán en un juicio contra nueve Mapuche acusados por delitos terroristas.
Sábado 7 de mayo de 2011, por Comisión de Comunicaciones, Presos Mapuche / Fuente Meli Wixam Mapu
La Justicia chilena ordenó a la Fiscalía revelar a la defensa los nombres de los dieciséis testigos "sin rostro" que comparecerán en un juicio contra nueve Mapuche acusados por delitos terroristas.
La Corte de Apelaciones de Temuco, capital de la región de la Araucanía, ratificó una resolución del Tribunal de Garantía de la localidad de Victoria, en la que insta a la Fiscalía a dar a la defensa los nombres de esos testigos.
Es habitual que la Fiscalía, en virtud de la ley antiterrorista, presente en los juicios contra Mapuche a testigos "sin rostro", lo que por una parte permite protegerlos de posibles represalias pero por otro lado limita el derecho a defensa de los acusados.
"El desconocimiento de la identidad de los testigos puede afectar el legítimo derecho de la defensa de los acusados, en cuanto impediría a los defensores interrogar acerca de la imparcialidad, credibilidad o idoneidad de aquellos", señala el fallo de la Corte.
Jaime Madariaga, uno de los siete abogados que defienden a los Mapuche, recalcó que esta información permitirá saber si los testigos "tienen intereses personales o patrimoniales, incluso, para declarar en contra de nuestros representados".
"Ya no declaran con impunidad, puesto que si mienten, nosotros vamos a perseguirlos por el delito de falso testimonio", apuntó.
Los Mapuche están acusados por supuestos delitos terroristas en un incendio a un camión y el asalto al peaje de Quino en 2009. Por ello, el fiscal, Miguel Velásquez, pide penas que van desde 61 días a 26 años de cárcel.
Por esta causa también está acusado Patricio Queipul, el sobrino del Lonko Víctor Queipul, de la Comunidad Autonoma Temucuicui, quien fue detenido de forma violenta el pasado viernes y procesado también por delitos terroristas, pese a ser menor de edad. Esto contraviene los compromisos asumidos por el Gobierno al finalizar la huelga de hambre de los comuneros el año pasado, donde se realizaron una serie de modificaciones a esta legislación, las que impiden que se aplique a menores.
Por esta razón, este fue un tema central en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la que acordó exigir que se anule la aplicación de esta legislación al menor que fue acusado cuando tenía 15 años y 8 meses, fecha en la que, frente a las presiones y otros encuentros con Carabineros, optó huir y vivir en clandestinidad. Hoy tiene 17, por lo que ha pasado casi dos años lejos de su familia y sin la posibilidad de estudiar.
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