Tratados internacionales obligan consultar a pueblos originarios
Ya están organizados. Representantes de más de 30 comunidades se reunieron y acordaron que sin importar la ruta, ellos se opondrán a cualquier torre que se ubique en territorio indígena. Según un mapa del Consejo de Defensa de la Patagonia, más de 25 comunidades se verían afectadas directamente. El problema abre un nuevo flanco para el gobierno, ya que para esta segunda etapa del proyecto hidroeléctrico no sólo basta fijar participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental; también se debe respetar el convenio 169 de la OIT, al que Chile suscribió.
12 de mayo, 2011 / por Alejandra Carmona / Fuente: El Mostrador
La tarde del martes pasado, cerca de las 16:00 horas, 15 representantes de las principales comunidades mapuche de las regiones VIII, IX y X, tomaron una decisión irrevocable en la sede de la CUT de Temuco: su propia batalla contra HidroAysén.Aunque la empresa no ha señalado públicamente cuál será el camino que seguirá la línea de transmisión del proyecto que implica la construcción de 1.912 kilómetros de tendido eléctrico, 2.750 MW, contempla 7.271 hectáreas y torres de alta tensión que atravesarán ocho regiones, una de las informaciones que ha trascendido con fuerza es que las torres de la megacentral de Endesa y Colbún pasarán por reservas naturales y también por comunidades mapuche que ya se están organizando para sumar un gran obstáculo al proyecto hidroeléctrico.
Desde octubre del año pasado más de 30 comunidades mapuches de las tres regiones mencionadas se reúnen cada martes para determinar cuáles serán las acciones a seguir en relación a sus demandas en general y su relación con el gobierno de Sebastián Piñera, pero en la última reunión, además, se agregó la idea de concretar una postura frente al trazado.
“Nos sumamos completamente al rechazo de la sociedad a la construcción… ¡Y además se pretende instalar tendido eléctrico por nuestro territorio!”, se queja Antonio Kadin, vocero de la coordinadora Futa Trawun, quien también señala que desde ayer mismo comenzaron a informar a las distintas comunidades sobre la posición que adoptarán frente a la empresa. Para ellos está claro: “No vamos a permitir la instalación de este tipo de torres”, dice Kadin.
Las comunidades mapuche no han tenido contacto con la empresa y en ésta tampoco se refirieron al tema.
EL TRAZADO
La lucha por la construcción de las 5 represas que se instalarán en los ríos Pascua y Baker fue sólo la primera batalla para las empresas. La verdadera guerra será la línea de transmisión, que tendrá un costo US$ 3.800 millones y cuya ruta se guarda bajo siete llaves. El trazado se dará a conocer en julio y el Estudio de Impacto Ambiental del tendido será presentado en diciembre.
Según los grupos opositores, uno de los puntos conflictivos lo va a gatillar el convenio 169 de la OIT, firmado por Chile. Este obliga la consulta a pueblos originarios en caso de que existan proyectos que puedan vulnerar sus derechos.
Paola Vasconi, coordinadora del programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram, señala que hay un tema que el gobierno no ha dimensionado. “Hay una obligación por parte de Chile, suscriptor del convenio 169, entonces tiene que haber consulta, y nadie sabe cómo se va a realizar. No sólo tiene que cumplir con el proceso de evaluación ambiental sino que tienen que preguntarles a las comunidades”, señala.
El secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, cuenta que según un mapa que hizo hace dos años la corporación Chile Ambiente para el consejo, se identificaron un total de 25 comunidades indígenas directamente afectadas por el trazado e indirectamente alrededor de 400. “No es descartable que también aparezca en el trazado Temucuicui, aunque la empresa lo quiere evitar”, dice Rodrigo.
Según Rodrigo, las comunidades afectadas estarían ubicadas entre Los Lagos y Valdivia. Impactaría también a la reducción indígena Chán-Chán, en Mariquina. Además, en Lastarria, Toltén, Cautín a la altura de Freire; la comunidad Chihuimolle cerca de Cunco, Lautaro, Victoria, Collipulli, Mulchén y Quilaco.
Rodrigo explica que este mapa se hizo “basándose en la hilera de solicitud de pertenencia de exploración minera que Endesa solicitó mediante un testaferro. Y eso marcó una línea continua entre Cochrane y Lo Prado”.
“¿Cómo veo la pelea que se viene?” Se pregunta Rodrigo y lanza: “Es una factura que tiene como 500 años de antigüedad”.
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