Domingo 29 de mayo, 2011 / por Ivonne Toro / Fuente : La Tercera
El 21 de mayo pasado, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, conversó con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. El tema: la extensa huelga de hambre realizada por los comuneros mapuches Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, condenados a penas de entre 25 y 30 años de cárcel, por el ataque al fiscal Mario Elgueta en 2008.Ezzati ha realizado intensas gestiones en favor de los comuneros, quienes pidieron a la Corte Suprema la nulidad del juicio realizado en Cañete que terminó con dichas condenas.
Y dicha definición, señalan en el Ejecutivo, será adoptada la semana que viene por el máximo tribunal. Escenario que mantiene a La Moneda en alerta y para el que ya ha comenzado a elaborar distintas estrategias, tanto en caso de que los jueces acojan el reclamo mapuche como si lo rechazan. "Ambos casos son complejos", admiten en el Ejecutivo.
Los comuneros iniciaron la huelga de hambre hace 76 días. Su argumento apuntaba a que si bien el gobierno retiró las querellas que los acusaban por delitos terroristas, durante el proceso judicial se utilizaron métodos permitidos sólo para investigar dichos casos. Por ejemplo, la utilización de testigos protegidos. Dicho argumento fue acogido hace algunos días por la Corte de Apelaciones de Concepción.
En ese contexto, en La Moneda creen que es posible que la Suprema anule el juicio. Y que si bien esta decisión terminaría con la huelga de hambre, significaría una "mala señal" en la estrategia para terminar con la violencia en la zona.
Por lo mismo, el gobierno está analizando vías de acción en caso de que esto ocurra. Lo primero, dicen en Palacio, es que los abogados preparen algunas peticiones a la justicia para reanudar de manera inmediata un nuevo juicio y evitar fugas de los comuneros investigados.
De todas maneras, si la Corte Suprema no anula el proceso, el asunto también presenta dificultades: los mapuches planean llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, los comuneros mantendrían el ayuno, reeditando el escenario del año pasado, cuando una veintena de dirigentes indígenas encabezó una extensa huelga de hambre, que terminó con la mediación de la Iglesia y el compromiso del gobierno de retirar las querellas por delitos terroristas.
Sin embargo, en La Moneda insisten en que, en esta ocasión, no hay margen de acción para el gobierno.
"Ya retiramos las querellas, cumplimos nuestro compromiso, el resto es resorte de la Suprema", dice un alto personero de Palacio.
Así, en el gobierno se está preparando un dossier con todos los antecedentes del caso y con énfasis en cómo el Ejecutivo ha cumplido con el compromiso asumido en 2010, a través de medidas como la recalificación de querellas.
En Palacio afirman que desde la Segpres han intensificado en estas semanas las gestiones para que la huelga se deponga.
A las conversaciones con Ezzati sobre el tema se han sumado contactos por parte del subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, con la vocera de los mapuche, Natividad Llanquileo. En estos diálogos se ha conseguido que se amplíe el tiempo de visita a los detenidos y que éstos sean atendidos por personal médico de confianza.
El viernes, el ministro Cristián Larroulet conversó el tema con el nuevo arzobispo de Concepción, Francisco Chomalí.
Ayer, Ezzati dijo que "no es suficiente quedarse en el fenómeno de la huelga, hay que buscar las causas más profundas: es una petición de reconocimiento, de respeto a sus derechos, a su identidad. Por lo tanto, este es un problema de Estado".
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