Los letrados cuestionaron de la aplicación de la ley antiterrorista por el caso de ataque incendiario conocido como Poluco Pidenco que "ingresó a la Corte el pasado 7 de agosto, considerando la entidad internacional que el Estado no cumplió con las recomendaciones" que había planteado sobre el tema.
23 DE AGOSTO DE 2011 / por EFE / Fuente : El Mostrador
Los abogados de Derechos Humanos José Aylwin y Jaime Madariaga destacaron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de someter a juicio al Estado por su “política penal discriminatoria contra el pueblo mapuche”.Tanto Aylwin, director de la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano, como Madariaga, abogado patrocinante de una de las denuncias ante la CIDH, “valoraron la decisión” y explicaron que el país arriesga sanciones diversas que van desde la indemnización a las víctimas y se garantice la no repetición de vulneraciones de esta naturaleza, hasta modificaciones legales, entre otras.
Aylwin recordó que la CIDH, tras constatar la existencia de discriminación en la aplicación de ley antiterrorista a la protesta social mapuche, decidió trasladar a la Corte las denuncias recibidas por las situaciones que afectaron a los comuneros acusados en el marco del caso Poluco Pidenco -un ataque incendiario-, los lonkos (jefes mapuches) Pascual Pichun y Aniceto Norin, y Víctor Ancalaf.
“El caso ingresó a la Corte el pasado 7 de agosto, considerando la entidad internacional que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo”, recalcó el letrado.
“Es un elemento novedoso en la jurisprudencia del sistema interamericano, porque sería la primera vez que llega a la Corte un caso en que se da la aplicación discriminatoria de una ley en contra de personas pertenecientes a un pueblo indígena”, explicó el abogado Jaime Madariaga en una rueda de prensa conjunta ofrecida en la ciudad de Temuco.
En la misma línea, Aylwin valoró la decisión de la Comisión considerando “que es un reconocimiento de lo que se ha venido sosteniendo por muchos años por organismos de derechos humanos y por instancias de Naciones Unidas, en el sentido que la aplicación de esta legislación (ley antiterrorista), contraviene derechos procesales y derechos humanos fundamentales y ha sido discriminatorio”.
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